Tribunal de Sucre evita que un abogado cobre $210.000 millones al Estado

El abogado David de Jesús Fajardo Cardozo interpuso una acción de grupo a nombre de una comunidad de unos 300 habitantes del departamento de Sucre por el desplazamiento forzado y la no entrega oportuna de ayudas humanitarias por parte del Estado.

El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo condenó al Estado al pago de más de $2 billones por esta acción de grupo, algo que llamó la atención de varias entidades del Estado que interpusieron recurso de apelación en contra de este fallo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica intervino argumentando la falta de pruebas y fundamentos jurídicos.

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Y es que los hechos que al parecer dieron lugar al desplazamiento no fueron especificados en la demanda, en la medida en que sitúan su ocurrencia desde el año 1998 al 2003 y en 8 departamentos: Sucre, Chocó, Antioquia, Bolívar, Nariño, Guajira, Cesar y Córdoba.

Además, para el Tribunal Administrativo de Sucre no hubo prueba alguna para concluir que el Estado había incumplido con su deber constitucional de protección, seguridad y garantía contra hechos generadores de desplazamiento.

Según el Tribunal, la acción de grupo, interpuesta por el abogado David de Jesús Fajardo Cardozo, se basó en afirmaciones imprecisas y sin pruebas, careció de fundamentos jurídicos sobre la atribución de responsabilidad de las Entidades y tampoco fijó criterios de modo, tiempo y lugar que permitieran delimitar el tamaño del grupo, la homogeneidad de los miembros respecto de un mismo daño, ni la cuantificación razonada de perjuicios.

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En cuanto a la entrega de ayudas humanitarias, se probó la intervención del Estado para la atención de los desplazados en el Departamento de Sucre; en ningún momento los actores negaron que Acción Social les hubiese negado la ayuda humanitaria, al contrario se evidenció que en la mayoría de los casos, señalaron que nunca la habían solicitado, pero eran beneficiarios de todos los programas de atención al desplazado.

Por eso el Tribunal tomó la decisión de revocar la sentencia de primera instancia que condenó al Estado colombiano al pago de $2 billones 100 mil millones, evitando así que el abogado Fajardo Cardozo cobrara un valor cercano a los $210.000 millones como honorarios por el proceso ya que en este tipo de acciones, los abogados tienen derecho a 10% del valor de la condena.

Cabe señalar que estos $210.000 millones equivaldrían a la tercera parte del presupuesto de la Nación para reparación de víctimas del conflicto para este año, que hubiesen ido a parar al bolsillo de un solo abogado.

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Ante estas situaciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en cabeza de Luis Guillermo Vélez, reitera su decisión de denunciar ante el Consejo Superior de la Judicatura posibles faltas disciplinarias incurridas por jueces y abogados que abusen de sus derechos en detrimento del patrimonio de todos los colombianos.

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