Dinero conoció un auto de un Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió el pasado 30 de abril negar la solicitud de incidente de desacato que Oscar Domingo Quintero Arguello, a nombre de quienes solicitaron ser coadyuvantes en la venta de Cafesalud, interpuso mediante demanda ante dicha instancia.

El auto es la respuesta a una acción de apelación que Quintero interpuso frente a una decisión que el mismo tribunal había tomado casi dos semanas antes, en la que les negaba también la solicitud de incidente de nulidad de la venta de la ahora EPS Medimás, que habían interpuesto algunos de los que solicitaron ser coadyuvantes dentro del proceso, según ellos como representantes de las víctimas de la entidad prestadora de salud, y entre quienes se encuentra Aníbal Rodríguez, un exrepresentante legal de la extinta Cafesalud.

Rodríguez perteneció al Grupo Saludcooop, compuesto por Cruz Blanca, Saludcoop y Cafesalud, hasta que la misma Supersalud lo intervino en el 2011 y terminó liquidando las EPS Saludcoop y Cafesalud. Sin embargo, se mantuvo dentro de la organización hasta el 2016 cuando dejó su cargo en el sindicato que él mismo creó, lo que le dio la oportunidad a los interventores de retirarlo de la organización.

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En esta oportunidad, el tribunal destacó la labor de la Superintendencia de Salud al señalar que la entidad “ha atendido cabalmente las órdenes emitidas en el auto de ocubre 26 de 2017”. Dicho acto, impuso condiciones para garantizar que el proceso fuera transparente luego de las demandas de actores como el conocido senador Jorge Robledo y José Roberto Acosta de la Red de Justicia Tributaria.

Acosta ha insistido en los últimos días, tanto en una columna de opinión como en sus redes sociales, en que la Superintendencia de Salud habría ocultado irregularidades de contratación de la EPS Medimás, entidad que recibe cada mes cerca de $300.000 millones por parte del Gobierno y por concepto de capitación por sus afiliados.

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Según Acosta, la Supersalud no ha tomado ninguna acción frente a los supuestos contratos irregulares, completamente contrario a lo que destaca el tribunal sobre la gestión de la Superintendencia.

Sin embargo, en esta oportunidad el tribunal advirtió que los coadyuvantes que desde octubre pidieron incluirse en el proceso para actuar “a nombre propio”, no son los realmente afectados por el proceso y que, de hecho, habría tenido que ser el Gobierno el que solicitara la nulidad del proceso al verse afectado por el pago de contratos a prestadores públicos y la formulación del mismo “régimen prestacional de servidores públicos territorial”.

El tribunal añadió que no se encontraron elementos adicionales en el recurso de apelación y ya que en la acción popular inicial se había negado la procedencia de la solicitud de incidente de nulidad, en esta oportunidad no se modifica la decisión que ya se había tomado.

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