| 6/1/2018 4:23:00 PM

Agarrón por futuro de la televisión pública

Gremios dicen que el proyecto garantizará la sostenibilidad futura de la televisión pública. Agentes del sector audiovisual afirman todo lo contrario.

Los días pasan y todavía no se conoce si esta legislatura alcanzará a sacar adelante el proyecto de ley que propone la creación de un regulador convergente para el sector de las telecomunicaciones, con el que la Comisión de Regulación de Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión, se fusionarían para ser una sola entidad, la Comisión de Comunicaciones.

Con los trámites que cursan en el Congreso de la República, en los últimos días han surgido dudas en la opinión pública sobre si ese proyecto, que también propone convertir en un solo fondo el Fontic y el Fontv, significaría una amenaza para la televisión pública porque esta se financia en un 90% con los recursos del Fontv.

En una carta conjunta, los canales de televisión pública regional y nacional; Canal Capital, Canal Trece, Canal TRO, Teleantioquia, Telecafé, Telecaribe, Teleislas, Telepacífico y y Rtvc, manifestaron que las modificaciones planteadas en el proyecto los impactan porque los recursos del Fontv son destinados a atender el ciento por ciento del costo institucional de la nueva entidad y porque en el proyecto presentado inicialmente por el Gobierno, se incluía la posibilidad de que desde el Fontic se hicieran transferencias periódicas para contribuir a la financiación de la televisión pública, propuesta no fue tenida en cuenta en la ponencia para el primer debate.

También dicen en ese proyecto de ley se establece una tarifa de compensación de máximo de 1,96% de los ingresos brutos de los prestadores con título habilitante, podría llegar a disminuir en más del 60% del valor del aporte de la televisión cerrada en el Fontv y que ese porcentaje “no es producto de un estudio económico sectorial y de mercado”.

“La probable desaparición de la televisión pública significaría que esta dejaría de impactar a través de su señal abierta y gratuita contenidos autorregulados, diversos e incluyentes al 95% del territorio colombiano. Lo anterior es una disminución de $123.000 millones de pesos (solo para el 2019) con una mayor disminución cada año”, expresaron los gerentes de los canales de televisión pública en la misiva.

En diálogo con Dinero, el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones, Alberto Samuel Yohai, quien defiende el proyecto, dijo que se trata de todo lo contrario, porque el Fontv se financia con los agentes de la televisión tradicional y “no es ningún secreto que alrededor del mundo los ingresos de la televisión tradicional están de capa caída”.

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Yohai afirma que el verdadero riesgo de la televisión pública está en que no se haga un cambio de paradigma porque podrían quedar desfinanciados por los cambios que se están dando en la distribución de ingresos del sector de telecomunicaciones.

“Cuando hablamos de un fondo convergente, eso minimiza riesgos para la televisión pública, porque no van a estar dependientes de los ingresos de los jugadores de televisión, sino de los jugadores sector TIC en general (como lo son los servicios fijos y móviles de comunicaciones)”, añadió el dirigente gremial.

Por otra parte, los gremios Asotic, Andesco, Asiet, Asomóvil y la Cámara Colombiana de Informática y las Telecomunicaciones emitieron este viernes un comunicado asegurando que con este proyecto de ley se busca garantizar los recursos para la televisión pública con un monto mínimo aproximado de $1,8 billones para los próximos diez años, que serían destinados al financiamiento de contenidos, la digitalización y el mantenimiento y expansión de la red, entre otros aspectos.

“El proyecto de ley no anula la televisión pública. Por el contrario, en un contexto de convergencia, crea un fondo con mayor músculo, eficiencia y fuentes de financiamiento que garanticen su sostenibilidad futura”, dice el comunicado conjunto.

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El actual proyecto de ley se incluye la contribución de una tarifa única y simétrica de 1,96% de ingresos brutos por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones y audiovisuales para la financiación de un fondo único convergente.

Según los gremios, en materia audiovisual la financiación de la televisión pública también se verá beneficiada, ya que se garantizarían recursos para los diversos proyectos de acceso universal –tales como el desarrollo de la TDT y DTH social en todo el territorio nacional- y el desarrollo de contenidos de programación para RTVC y los canales regionales por los próximos diez años.

Además, afirman que para el caso de la televisión regional, con la estructura propuesta por el proyecto de ley, existen recursos suficientes para el desarrollo de contenidos locales para los siguientes diez años.

“Los recursos destinados, en algunos casos son superiores a los valores asignados para programación, por el Fontv, a los canales regionales en 2015 y 2016, de acuerdo con los informes sectoriales publicados por la ANTV”, plantean estos agentes del sector.

Por otro lado la Fundación Karisma y la Fundación para La Libertad de Prensa enviaron unos comentarios a los congresistas de las comisiones sextas de Senado y Cámara, diciendo que este proyecto tiene un afán motivado por el ingreso a la Ocde y que esa urgencia pierde fuerza luego de que Colombia fuera admitida, el pasado 25 de mayo en ese organismo.

Estas organizaciones critican que en el proyecto se omiten “temas neurálgicos” que deberían ser parte del debate, como la neutralidad en la red, intermediarios de internet, derechos de autor y comercio electrónico, modelo de gobernanza de internet, participación ciudadana y estándares internacionales de rendición de cuentas.

Pero la crítica de la Fundación Karisma y la Flip se extiende a las facultades que se transfieren al poder ejecutivo, como la protección de los usuarios a la Superintendencia de Industria y Comercio; facultades de vigilancia y control al MinTIC, con excepción de aquellas relacionadas con el espectro, que quedan a cargo de la Autoridad Nacional del Espectro; administración del régimen de uso y explotación del espectro a la ANE; administración de los fondos al MinTIC y el registro de la información relevante en tecnologías al MinTIC.

Ambas organizaciones aseguraron que esta iniciativa ha tenido ausencia de debate parlamentario y pidieron que se discuta a través “de un proceso amplio que incluya audiencias públicas”, en la que las partes interesadas, como los agentes del sector, sociedad civil, expertos internacionales como la Unesco, Gobierno, entre otros, “puedan ser escuchadas y consultadas”.

Otros que le salieron al paso al proyecto fueron varias asociaciones y empresas del sector audiovisual; como la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual, el Grupo Empresarios Animación Colombia, la Asociación Colombiana de Actores, Actores Sociedad Colombiana de Gestión, entre otros, que emitieron un comunicado de prensa diciendo que el proyecto de ley del regulador convergente está “redactado sin ninguna participación de las industrias de contenidos” y retomaron la crítica de que “no se ha surtido debate o socialización alguna”.

Estos agentes del sector audiovisual advierten que la ponencia actual del proyecto “nada tiene que ver con el texto promovido por el Gobierno” y que contrario a lo que dicen los gremios, en el articulado de la ponencia no se menciona el concepto de televisión pública, ni de su lectura es posible identificar o aproximarse a las cifras citadas de posible asignación de recursos.

Argumentan que en toda la ponencia del proyecto de ley “no aparece ningún estudio serio” que garantice esos fondos para la televisión pública a los que se refieren los gremios.

“Como representantes de la industria audiovisual, no fuimos nunca convocados a debates, ni consultados sobre el articulado actual del proyecto de ley. La televisión pública, los canales regionales, los productores de contenidos y demás integrantes del sector audiovisual nos enteramos a última hora y por terceros de las intenciones del Congreso de llevar a plenaria un proyecto que no contó con ninguna concertación, ni con estudios serios que lo soporten”, aseveraron estos integrantes del sector audiovisual.

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