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| 11/16/2018 4:07:00 PM

Piden reforma al régimen de competencia en Colombia

Varios exsuperintendentes de Industria y Comercio coinciden en que se deben adelantar cambios en el derecho de competencia y la autoridad de competencia en el país.

En Colombia, en los últimos 10 años se ha adelantado un proceso de fortalecimiento de la competencia. El país ya tiene un grado de madurez avanzado en la materia para fijar normativas que promuevan mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control del comportamiento del sector privado, en eso coincidieron participantes del foro ‘Los retos del derecho de la competencia’, que tuvo lugar en Bogotá.

“Se elevaron las multas en 2009 y se empezaron a aplicar figuras de otros países para controlar las prácticas restrictivas de la competencia. En ese sentido, en materia de promoción de la competencia, tenemos mucho camino por recorrer”, expresó Gabriel Ibarra, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia (Acdc)

En el encuentro hubo cuatro paneles: el rol y arquitectura de la autoridad de la competencia, moderado por el economista Mauricio Reina; las reformas a las conductas anticompetitivas, moderado por el periodista Germán Manga; el debido proceso y el papel de los medios de comunicación, moderado por el director de revista Dinero Carlos Enrique Rodríguez; y la importancia de los programas de cumplimiento para el derecho de la competencia, moderado por el periodista Silverio Gómez.

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El líder de la Acdc explicó que si bien el actual régimen de la competencia ha tenido logros de gestión, se ha enfocado mucho más en su labor de supervisión y facultad sancionatoria, que en la generación de oportunidades para que el empresariado crezca, la inversión llegue y perdure, y la economía se dinamice.

Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, aseguró: “Creemos que su objetivo debe ir más allá de imponer multas para logar un impacto disuasorio estructural en el entorno competitivo, por ejemplo, a través de la implementación de programas de cumplimiento. Es importante que los empresarios caigan en cuenta que la libre competencia es un valor de mercado”,

Al respecto, el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, reiteró que “el objetivo de una autoridad de competencia no pude ser quedarse solamente en perseguir a los infractores y sancionarlos ejemplarmente, sino que deben tener una visión más amplia que privilegie un enfoque preventivo (…) para que esta se convierta en una herramienta de doble impacto: como un vehículo preventivo, así como una herramienta para la graduación punitiva y la reparación efectiva, más allá de la mera imposición de una multa”.

Barreto también resaltó, por el bien de la libre empresa, fortalecer: la abogacía de la competencia -“un interés que tengo en lo personal para que pueda quedar involucrada en el Plan Nacional de Desarrollo”- , los programas de delación y la indemnización de prejuicios.

Las discusiones de los paneles de igual forma plantearon la urgencia de crear reformas al actual régimen de competencia para lograr una verdadera independencia entre la entidad que lleva a cabo la investigación y la que sanciona, y que garantice así, la objetividad en los procesos. De acuerdo con Gustavo Valbuena, exsuperintendente de Industria y Comercio, esta sería.

“Si bien los medios cumplen un deber con la ciudadanía, no se puede generar desinformación sobre la culpabilidad de una empresa sin que a ella se le garanticen sus derechos constitucionales, como la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa. Esto no solo trae un impacto negativo e injusto contra la reputación de una compañía, sino sobre la economía misma. Se genera una sensación de incertidumbre, falta de garantías e inestabilidad”, agregó Jorge Jaeckel, exsuperintendente delegado y abogado especialista en derecho de la competencia.

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Al igual que el superintendente Barreto, varios panelistas recalcaron el programa de delación como uno de los mecanismos para reprimir las prácticas restrictivas de la competencia y luchar contra la cartelización. “Por el propio beneficio de la SIC, esta debe garantizar los derechos de los investigados y el lugar común que es el debido proceso”, explicó Carlos Andrés Perilla, panelista invitado.

El foro también propuso la posibilidad de la especialización de la autoridad de la competencia: que se ocupe sólo de protección y promoción de la competencia y afines, y que se separe de otras funciones como, por ejemplo, la protección de la propiedad industrial, el habeas data, las funciones jurisdiccionales en temas de consumidor, entre otras.

Así mismo se puso sobre la mesa de discusión, la importancia de la indemnización de perjuicios. “Se debe crear una norma simple, realizable, clara. Que las personas que sufrieron un daño puedan presentar reclamaciones judiciales con todas las pruebas y garantías”, afirmó José Miguel De la Calle, exsuperintendente de Industria y Comercio.

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