| 9/14/2018 3:26:00 PM

Estos son los vinculados por la SIC al escándalo de Ruta del Sol

El caso de Ruta del Sol tramo II no termina y su más reciente capítulo tiene como protagonista a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, contra quien la SIC formuló pliego de cargos por el aprovechamiento de un conflicto de intereses. En el Grupo responden que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial, Episol, se efectuaron pagos irregulares.

La medida también vincula a Corficolombiana, Episol y altos directivos de este poderoso grupo financiero, así como a la Oficial de Inversiones de la IFC, del Banco Mundial, en Colombia.

Además, la SIC formuló pliego de cargos por el pago de sobornos para quedarse con ese proyecto contra Odebrecht (Construtora e Investimento Em Imfraestrutura), Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y Gabriel García, exviceministro de Transporte y exgerente encargado del Inco, quien reconoció el pago del soborno y quien en este caso actuó como delator.

En este frente, la imputación también cubre a Luiz Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina; Luiz Antonio Bueno Junior, director superintendente de Odebrecht en Colombia; Luiz Eduardo Da Rocha Soares, encargado del manejo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Manuel Ricardo Cabral Ximenes, empleado de Odebrecht designado como director del Contrato para el Proyecto Ruta del Sol; Yezid Augusto Arocha Alarcón, y José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.

Finalmente, imputó pliego de cargos contra Odebrecht y algunos de sus directivos y la representante de la IFC por la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador.

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Aval y Corficol en la mira

En el caso de aprovechamiento de intereses, la SIC imputó cargos contra las firmas Corficolombiana, Episol y Grupo Aval, así como contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval; Diego Fernando Solano, vicepresidente de Planeación Corporativa del Grupo Aval; José Elías Melo, presidente de Corficolombiana; Gustavo Ramírez, vicepresidente de inversiones de Corficolombiana; Alejandro Sánchez, vicepresidente de banca de inversión de Corficolombiana; y María Victoria Guarín, senior investment officer de la Corporación Financiera Internacional.

Ante estas acusaciones, el Grupo Aval emitió un comunicado en el que asegura que ni desde las cuentas de Corficolombiana ni de las de su filial, Episol, se efectuaron pagos irregulares. Además, rechazan de manera vehemente el cargo que se les imputa de aprovechamiento de conflicto de interés.

"A lo largo de su historia Grupo Aval se ha caracterizado por adelantar sus operaciones con absoluta transparencia e irrestricto apego a la Ley. Estos mismos principios de gobierno corporativo y legalidad han sido instaurados y observados en las sociedades controladas por Grupo Aval", sostienen en el comunicado, en el cual además reiteran su absoluto respaldo a las investigaciones adelantadas por las diferentes autoridades y confían en que éstas actuarán con total imparcialidad, "lo cual permitirá demostrar que su accionar no infringió las normas".

De igual manera, informaron su decisión de seguir colaborando con las autoridades que lo requieran para esclarecer los hechos asociados al escándalo propiciado por Odebrecht y ciertos agentes estatales, aunque advierten que ni el Grupo Aval, ni Corficolombiana, ni Episol y sus ejecutivos han sido notificados de la resolución anunciada por la SIC. También anunciaron que ejercerán su legítimo derecho a la defensa, brindarán cualquier explicación que se requiera y aportarán o solicitarán las pruebas que sean necesarias para demostrar que no existió ilegalidad alguna en sus actuaciones ni en las de sus funcionarios.

¿Qué halló la SIC?

La Superintendencia encontró que Episol, principalmente a través de los más altos directivos de sus controlantes, (Corficolombiana y Grupo Aval),  tramitaron las expectativas que tenían sobre las condiciones del Proyecto Ruta del Sol y las reglas aplicables al proceso de selección, “en claro y oculto aprovechamiento del conflicto de intereses que existía entre Diego Fernando Solano Saravia, vicepresidente de Planeación Corporativa de Grupo Aval y María Victoria Guarín Vanegas, quien se desempeñaba como alta funcionara en la Corporación Financiera Internacional (IFC)”, dice el comunicado de la SIC.

La IFC fue el organismo multilateral seleccionado por el Inco para llevar a cabo la estructuración del Proyecto Ruta del Sol y Guarín, como Oficial de Inversiones del organismo multilateral y actuando como coordinadora del Proyecto Ruta del Sol, “tuvo un trascendental papel en la definición de sus condiciones y en la definición de las reglas de selección del contratista”.

La Superindustria encontró correos electrónicos en los que Melo (Presidente de Corficolombiana durante el proceso de adjudicación de este proyecto) informó a Sarmiento Gutiérrez (Presidente de Grupo Aval) que Guarín estaba a cargo de la Ruta del Sol, que era la esposa de Solano y que se pondrían en contacto con ella para “exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación“. Frente a esta información, Sarmiento Gutiérrez mediante respuesta al correo electrónico expresó su interés de mantenerse informado del asunto.  

Así mismo, la SIC advierte que otros correos electrónicos dan cuenta de cómo Melo propició encuentros con las personas incursas en el conflicto de intereses –Solano y Saravia para dar trámite a las expectativas que querían reivindicar respecto de la estructuración del Proyecto Ruta del Sol.

La Superindustria en su comunicado señala que “encontró documentada la denuncia pública que se hizo en el marco de una audiencia de aclaraciones dentro del proceso de selección contractual el 8 de septiembre de 2009 (bien avanzado el proceso licitatorio y poco antes de la adjudicación del contrato), formulada por la autodenominada Sociedad de Veedores Colombianos por medio de la cual se develó la existencia del mencionado conflicto de intereses, y la forma como Corficolombiana y Grupo Aval mostraron su complacencia porque el asunto, de cuya existencia estaban enteradas y mantenían oculto y que consideraban de gravedad para el proceso de selección “no pasó a mayores”.

Así se desprende del correo electrónico que José Elías Melo Acosta envió a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez informándole sobre lo acontecido en la mencionada audiencia de aclaraciones e indicándole que por fortuna el asunto no había pasado a mayores. Frente a ello, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez le contestó vía correo electrónico: “Ok. Toca estar listos a que si ganamos uno de los tramos traten de demandar nula la adjudicación” por la existencia de dicho conflicto de intereses”.

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Contra la IFC no procede pliego de cargos, porque se trata de una entidad con inmunidad diplomática, explicó Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.

Por la plata

En el pago de sobornos, la SIC imputó cargos contra Odebrecht (Construtora e Investimento Em Imfraestrutura), Corficolombiana, Episol, Concesionaria Ruta del Sol y Gabriel García, exviceministro de Transporte y exgerente encargado del Inco, quien reconoció el pago del soborno y en este caso actuó como delator.

Este pliego de cargos, como personas naturales, también cubre a Luiz Antonio Mameri, director de Odebrecht para América Latina; Luiz Antonio Bueno Junior, director superintendente de Odebrecht en Colombia; Luiz Eduardo Da Rocha Soares, encargado del manejo de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht; Manuel Ricardo Cabral Ximenes, empleado de Odebrecht designado como director del Contrato para el Proyecto Ruta del Sol; Yezid Agusto Arocha Alarcón, y José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.

Entre 2009 y 2014, Odebrecht realizó el pago de coimas en Colombia, por más de US$11 millones para ganarse contratos de obras públicas. Entre ellos había US$6,5 millones destinados a García para garantizar la adjudicación del contrato de Ruta del Sol II.

La SIC con base en la denuncia ante la Fiscalía, estableció que Luiz Antonio Bueno Junior, a nombre de Odebrecht, habría acordado con José Elías Melo –a nombre de Corficolombiana- que después del soborno pagado a García “se dividirían el costo del mismo a lo largo del proyecto”.

Según la SIC, una vez efectuado el pago del soborno por parte de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a García, se hacía necesario restituir esos dineros a la brasileña por parte de la Concesión, incluyendo lo que estaría también a cargo de Episol/Corficolombiana, a través de pagos de obligaciones contractuales fachada, que habrían superado los $20.000 millones.

Según la SIC, para hacer esos pagos se requería la autorización de, al menos, un funcionario de Odebrecht y del representante de Corficolombiana en Consol, es decir, de Mauricio Millán Drews, quien en su declaración dijo que al momento de realizar los pagos y en atención a que le habrían parecido sospechosos, los había autorizado bajo la orden impartida directamente por José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.

Además, para la entidad hay otros pagos sospechosos a cargo de los recursos de la ejecución del contrato, que habrían servido para desviar dineros, que habrían ascendido a cerca de $77.000 millones.

Ante el caso de los contactos privados y clandestinos con el estructurador, la SIC pudo establecer que, “Odebrecht también habría propiciado y realizado contactos privados y directos (no formales) a través de sus empleados y directivos con el Inco y la IFC y sus funcionarios, con posterioridad a la iniciación del proceso de selección contractual el 10 de marzo de 2009, en claro incumplimiento de la regla que, en aras de materializar los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y competencia, establecía que ese tipo de comunicaciones, solicitudes y contactos se deberían adelantar a través de los mecanismos oficiales y formales establecidos para el efecto y únicamente ante la entidad contratante.

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Finalmente, la SIC encontró que, en el marco del Proceso de Licitación Pública de Ruta del Sol, Episol, Corficolombiana y Odebrecht intentaron celebrar un acuerdo anticompetitivo o conformar un cartel con sus eventuales competidores, entre los que se encontraban Odinsa, Impregilo y OHL, con uno de dos propósitos: uno, crear un “gran proponente” que pudiera determinar las condiciones del Proyecto Ruta del Sol y que, según ellos, no tuviera que competir por precio; y dos, repartirse entre los proponentes los diversos sectores del Proyecto Ruta del Sol para que cada uno de los competidores que se vincularan al cartel empresarial pudiera lograr el resultado anotado en el tramo de la Ruta del Sol (I, II o III) que le correspondiera. La investigación en este caso no avanzó porque el acuerdo no prosperó.

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