| 6/19/2013 3:00:00 PM

Se avecinan juicios por ‘carrusel’ en Cartagena

La acción de las autoridades estatales para castigar a los responsables de los famosos ‘carruseles’ de la contratación pública en el país, comenzó a descentralizarse.

Los expedientes ya no se referirán solo al caso de Bogotá, sino que incluirán varios de los principales desfalcos que han afectado el patrimonio de Cartagena.

En esa dirección, la Contraloría General ya inició una serie de audiencias verbales previas a un posible juicio de responsabilidad fiscal contra la ex alcaldesa Judith Pinedo, contra su secretario infraestructura distrital Antonio Flórez Gardeazábal y contra el ex gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), Augusto Mainero Román por haber declarado como “recibidas” obras que jamás se ejecutaron.

En el plano penal las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Quinta de Cartagena que, adicionalmente, examinará los hallazgos que la misma contraloría hizo en contratos que se suponían destinados al fortalecimiento de la red hospitalaria. La Fiscalía decidirá en breve si aplica medidas de aseguramiento, respaldada en varias pruebas que obran en el sumario, o si archiva las actuaciones.


Los episodios más críticos se presentaron en Edurbe durante los años 2008 a 2011. Durante ese lapso fueron celebrados 142 convenios para la ejecución de 337 obras, por valor de $119.548.479.680 millones discriminadas por años de la siguiente manera. De ellas solo fueron ejecutadas 52, mientras que otras 26, que costaban $21.000 millones, ni siquiera se iniciaron.

Si bien la totalidad de los recursos fueron desembolsados, la mayor parte de ellos están perdidos y hoy se requieren más de $12.000 millones para terminar las obras inconclusas.

Denuncias presentadas por la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), capítulo Bolívar, llevaron a la Contraloría General de la República a iniciar un control excepcional para investigar convenios interadministrativos suscritos entre el Distrito de Cartagena, Edurbe y Corvivienda.

Corvivienda en particular suscribió convenios con cooperativas que nunca los ejecutores. Por esa razón su entonces gerente, Marina Mosquera, se encuentra cobijada por medida de aseguramiento.


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