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Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura. | Foto: Archivo Semana.

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Minagricultura se queda en el cargo

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lo ratificó en el cargo luego de una extensa reunión. El proyecto de ley de baldíos será ajustado.

22 de noviembre de 2013

Una vez finalizada la reunión con el jefe de Estado, Rubén Darío Lizarralde, ministro de agricultura, anunció que la solicitud para retirar el proyecto se realizará el martes de la próxima semana.

“Este proyecto requiere de algunas precisiones en su articulado que permitirá mayor claridad sobre el mismo”, manifestó al término de la reunión.

El presidente Juan Manuel Santos a través de twitter indicó que “he pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo”.

Los ajustes se realizarán al documento para presentarlo nuevamente el tres de diciembre.La iniciativa reforma la Ley 160 de 1994, que protege la existencia de los "baldíos" para ser entregadas a trabajadores rurales que no tienen acceso a ellas, y abre su aprovechamiento sin límites de extensión a todo tipo de interesados, tanto campesinos como empresarios.

Grupos de campesinos, organizaciones no gubernamentales y senadores como Jorge Enrique Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo, han liderado la campaña en contra de este proyecto de ley porque a su juicio favorece la acumulación de tierras y sus requisitos ponen a los jornaleros en peores condiciones.

Estos colectivos hicieron sus apreciaciones en función de un texto conocido en junio que, según opinaron, contradecía otras iniciativas gubernamentales como la Ley de Restitución de Tierras o la reforma agraria que puede resultar del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según un comunicado emitido ayer tras radicar el proyecto por parte del Ministerio de Agricultura, cuyo titular no ha hecho todavía ninguna declaración oficial, el nuevo texto cambiaba algunas condiciones.

Por ejemplo, reducía de 5 a 3 años el tiempo que el beneficiario debía permanecer con un contrato de alquiler en las tierras, disminuía la extensión que debía ser explotaba de dos tercios a la mitad y bajaba el patrimonio de los elegibles de 1.000 a 400 salarios mínimos "para que los beneficios lleguen a los productores más pobres".

Otro punto que había causado malestar en anteriores borradores del texto era la ausencia de un límite de acumulación de unidades de tierra, representadas en la medida de la Unidad Agrícola Familiar (UAF).

En este caso, el Ministerio advertía que este proyecto "no contempla una solución a las controversias judiciales que se han generado por la acumulación de UAF, tema que corresponde dirimir a los jueces".

D.Com/EFE