| 2/6/2012 7:20:00 AM

Sanciones por $17.000 millones para empresas de servicios públicos en 2011

Las empresas a las que la Superintendencia de Servicios Públicos impuso mayores sanciones fueron las de energía y gas con $12.910 millones. Las quejas de los usuarios aumentaron 8% en el mismo periodo.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que el año pasado abrió 500 investigaciones e impuso multas por $17.324 millones a las empresas prestadoras del país por violación al régimen de servicios públicos y a los derechos de los usuarios.

Entre tanto, las quejas y reclamos de los usuarios, en segunda instancia ante la Superservicios, pasaron de 70.034 en el 2010 a 75.710 en el 2011.

Las empresas de energía recibieron sanciones por $4.578 millones, gas natural $1.197 millones y las de Gas Licuado de Petróleo -GLP- o gas propano $7.135 millones.

Entre las mayores causales de investigación y sanción se encuentran incumplimientos al Mercado de Energía Mayorista -no garantizar las transacciones de compra y venta de energía-, no reportar la información que la ley les exige al Sistema Único de Información -SUI- que administra la Superintendencia y por no cumplir con las metas de marcación de cilindros de gas propano y recolección de los cilindros universales.

Las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo recibieron sanciones por $3.194 millones durante el 2011. A diez de estas empresas, en varias regiones del país, se les prohibió prestar los servicios por espacio de diez años.

Los principales motivos de investigación y sanción a las empresas de acueducto y saneamiento básico fueron por el suministro de agua no apta para el consumo humano y violación al debido proceso de los usuarios.

Además, incumplieron normas como el reporte al SUI, la aplicación de la metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable -CRA-, adecuada disposición final de residuos sólidos y permisos o licencias ambientales.

Sanciones por $1.220 millones a favor de usuarios


La Superservicios, a través de sus Direcciones Territoriales en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga, abrió 7.565 investigaciones e impuso multas por $1.220 millones a las empresas por Silencio Administrativo Positivo -SAP-, es decir, por no responder, no hacerlo dentro de los 15 días hábiles que la ley determina, o hacerlo de manera incompleta, las quejas y reclamos de los usuarios.

Las quejas más recurrentes de los usuarios fueron por cobros desconocidos 31%, desviación significativa 14%, esto es, por incrementos repentinos e inexplicables en sus consumos y el 12% por cobros desconocidos.

De acuerdo con las cifras que maneja la Superintendencia, los usuarios interpusieron el mayor número de quejas ante las empresas de energía con 41%, seguido de acueducto con el 34,5% y aseo con el 10,2%.


 

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