Retirarse del Pacto de Bogotá también tiene su costo

Una de las primeras consecuencias es que Colombia sería inmediatamente denunciada por Nicaragua, advirtió a Efe el doctor en Derecho Internacional y director del Centro de Investigación de la Universidad Externado de Colombia, Bernardo Vela.

"Para hacer efectiva la renuncia al Pacto de Bogotá se requiere de un procedimiento que dura un año", apuntó Vela, al explicar que con toda seguridad "denunciarían a Colombia" en ese periodo.

Esa decisión, en estudio por el Ejecutivo tras el fallo de la CIJ sobre los límites marítimos con Nicaragua, incurriría en "costos políticos frente a la comunidad internacional y, además, el Gobierno vería disminuida su legitimidad en los foros internacionales".

Vela aclaró que la retirada del Pacto de Bogotá (1948) es "una cosa muy distinta" al acatamiento del fallo, es decir, Colombia puede aceptar la decisión de la Corte de La Haya y al tiempo abandonar ese mecanismo de solución pacífica de litigios.

La hipotética salida del pacto "sería una estrategia con la que se buscaría cerrar el paso a nuevas demandas", pero no exime de cumplir el fallo, ya que se ha dado cuando Colombia todavía está suscrito, según determinó la revista Semana en un amplio reportaje que cita a varios expertos.

"Para ningún colombiano el fallo resulta satisfactorio, pues la pérdida de territorio siempre es una situación desafortunada, pero aún más desafortunada puede resultar una pugna mal formulada entre el país y el derecho internacional", afirmó, por su lado, Walter Arévalo, profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad del Rosario.

En un análisis publicado por Congreso Visible, centro de investigación de la Universidad de Los Andes, Arévalo dejó claro que la negación a acatar el fallo "no sólo implicaría la violación de una norma internacional, sino que enfrentaría a Colombia con el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional".

Por eso, para este experto, sería "un error tanto jurídico como político" porque comprometería la política exterior colombiana.

Así las cosas, el Gobierno de Colombia ha contratado a cinco expertos en Derecho Internacional para analizar cual será el siguiente paso, pues considera que la sentencia de la Corte contiene "omisiones, errores, excesos e inconsistencias", según palabras del propio presidente Juan Manuel Santos.

Hoy, uno de estos expertos, el abogado Rafael Nieto, calificó de "majadería" el discurso del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien el lunes avanzó que habían zarpado naves hacia "la zona recuperada" para ejercer "soberanía en todo ese territorio".

Mientras que Nieto defendió que en el fallo "no hay derechos de soberanía" ni "derechos que perturben las libertades de sobrevuelo y navegación", el ministro colombiano del Interior, Fernando Carrillo, bajó el tono de la polémica y consideró "lógico" que Nicaragua decida ejercer su soberanía.

"Es una reacción lógica a un fallo de la CIJ, pero el punto es poder tener un diálogo de aquí en adelante", argumentó Carrillo a los periodistas en la isla de San Andrés, que forma parte del archipiélago objeto del litigio y adonde hoy viajó una delegación del Congreso y del Ejecutivo para afianzar la presencia del Estado.

La CIJ dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007.

Y a Nicaragua más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales, que convierten en enclaves dos de los cayos otorgados a Colombia, país que además pierde frontera marítima con otras naciones, como Costa Rica.

La redefinición de los nuevos límites marítimos en el Caribe hacen prever tensiones en Latinoamérica, donde hay más litigios fronterizos en la Corte de La Haya, como es el caso de Chile y Perú.

En ese sentido, el experto Vela apuntó a Efe que "el desacato del fallo generaría un mal ambiente en la región".

EFE