| 8/30/2018 2:55:00 PM

Declaran inocencia de representantes de proyecto Aquarela

El juez Primero Penal del Circuito de Cartagena confirma decisión de primera instancia al verificar que Aquarela cumplió con la normatividad a la hora de tramitar y obtener las licencias urbanísticas y de construcción del proyecto.

Un nuevo ‘round‘ a favor de los representantes del polémico proyecto urbanístico Aquarela de Cartagena, confirma la decisión de primera instancia del Juzgado Noveno Penal Municipal, al verificar que esta obra cumplió con la normatividad vigente al momento de tramitar y lograr las licencias urbanísticas y de construcción.  Por lo pronto, este episodio le da un parte de tranquilidad a los protagonistas de esta historia.

Resulta que en segunda instancia, el Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Fredy Antonio Machado, confirmó la decisión de primera instancia del Juzgado Noveno Penal Municipal de Control de Garantías y declara la inocencia del representante legal del Promotora Calle 47 SAS y gerente de Aquarela, Lucas Tamayo y el arquitecto, Claudio Restrepo frente a los delitos imputados de urbanización ilegal y daño en los recursos naturales. 

En esta oportunidad, y como sucedió en junio pasado, el juez negó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía delegada, tras ratificar que no hay mérito para la formulación de cargos.

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Según la empresa constructora de este proyecto urbanístico de Vivienda de Interés Social (VIS) que se empezó a levantar en el barrio Torices de Cartagena y que beneficiaría a cerca de 900 familias de bajos ingresos de esa ciudad, este es un desarrollo urbanístico que cumple con las condiciones de calidad y dignidad a las que se refiere la Ley 388 de 1997 y permite que estas personas tengan una vivienda digna, transporte público y cercano a centros educativos y de salud.

Sin embargo, en octubre del año pasado, tres años después de haberse obtenido la licencia de construcción de la torre 1 y 3 del proyecto y después de haber levantado 25 de los 30 pisos, mediante una diligencia de control urbano se dio sellamiento a la obra por supuestas infracciones al Código de Policía y supuesto incumplimiento de manejo ambiental.

Tras esta acción el Ministerio de Cultura presentó una acción popular solicitando como pretensión que el proyecto se acoja a la normatividad urbanística y licencias de la obra.

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La empresa recordó la importancia de contar con un Plan Especial de Manejo y Proyección (Pemp), sugerido por el Comité de Patrimonio Mundial, que también recomienda hacer una evaluación de impacto en el patrimonio para identificar y medir los efectos potenciales del proyecto Aquarela.

Vale recordar además que el gobierno del Presidente Duque se comprometió a estudiar el caso Aquarela. El objetivo: lograr un punto de encuentro que permita la preservación de un patrimonio histórico y a la vez que más de 900 familias no se queden con la ‘casa en el aire‘.

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EDICIÓN 562

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