Las maniobras ocultas del exsecretario de Movilidad de Bogotá

Inevitable y predecible. Así vieron, quienes conocen los intríngulis de Bogotá, la reciente renuncia del secretario de Movilidad de la capital, Rafael Rodríguez. El funcionario decidió abandonar el barco en medio de polémicos señalamientos relacionados con irregularidades contractuales dentro de la entidad que condujo hasta el martes de esta semana.

Dos de las acusaciones más comprometedoras provinieron de los concejales Sandra Jaramillo y Antonio Sanguino. Las dos denuncias fueron reveladas por Dinero.com y por la Revista Dinero. La primera, estuvo relacionada con una prórroga que hizo el secretario Rodríguez del contrato 071 a la empresa Servicios Integrales para la Movilidad (SIM), a pesar de que este no había vencido. Y la segunda, tuvo que ver con la controvertida cesión que hizo el mismo funcionario del contrato de patios y grúas a la Unión Temporal colombo-argentina Segrup, aparentemente relacionado con el grupo Nule (ver artículos Oscuro contrato en movilidad y En contravía).

Ahora, Dinero.com revela en exclusiva cómo se cocinó la cuestionada prórroga del SIM.

Todo comenzó el pasado 3 de febrero, cuando el entonces secretario, Rafael Rodríguez; el subdirector administrativo de la secretaría de Movilidad, William Quintero Duque y el asesor de despacho del sectario, Alexander Rincón Endes, estamparon sus firmas en el colofón de un documento de 42 páginas denominado “Estudio de Conveniencia y Oportunidad para la Adición y prórroga del contrato de concesión 071 de 2007”. ((Ver estudio))

Allí, los tres funcionarios concluyeron de manera conjunta lo siguiente: “Vistos los resultados del presente estudio de conveniencia y oportunidad y conforme a los análisis de resultados (…) se recomienda el pacto de una modificación contractual mediante la suscripción de otrosí entre concedente y concesionario (…) y del mismo modo establecer la ampliación del término contractual por 6 años, contados a partir de la fecha que estaba prevista para la terminación del contrato de concesión No 071 de 2007”.

Y es precisamente allí, a partir de ese concepto, donde empieza a tejerse una cadena de enormes irregularidades. La primera tiene que ver con el hecho de que los tres funcionarios que firmaron el documento en mención no tenían –según le dijo a Dinero.com un alto funcionario de le Secretaría de Movilidad- la facultad para hacerlo, pues ese tipo de recomendaciones deben salir en principio de una de las subsecretarías técnicas.

Consciente de ello y de que ningún secretario de movilidad tenía la potestad de celebrar y suscribir adiciones y prórrogas de contratos –tal y como reza en las resoluciones 063 de 2007 y 301 del 2 de octubre de 2009-, Rafael Rodríguez decidió curarse en salud. Por eso, el 16 de enero de este año –justo 17 días antes de que firmara junto a los dos funcionarios mencionados el estudio técnico- el secretario expidió la resolución 023 de 2014, la cual le permitió reasumir las facultades de firmar adiciones y prórrogas contractuales. ((Ver resolución))

Ya con el camino pavimentado, finalmente el 10 de febrero –es decir 7 días después de firmar el estudio y 24 después de expedir la resolución que devolvía sus facultades- Rafael Rodríguez suscribe el famoso y cuestionado otrosí con la empresa Servicios Integrales para la Movilidad (SIM). En otras palabras, organizó en una suerte de carrera contrarreloj hasta el último detalle para poder prorrogar dos años antes de su vencimiento el contrato 071 del SIM. ((Ver contrato))

Pero ahí no paran las cosas. El 13 de mayo pasado, luego de tres meses de que Rodríguez echara a andar su plan, Alfonso Medina Fuentes, representante legal del consorcio C&S, encargado de hacer la interventoría del contrato 071 del SIM, envía una carta al Secretario de Movilidad en la que hace una letanía de observaciones relacionadas con la prórroga. Textualmente dice: “los documentos de orden contractual se deben publicar en el SECOP –página de internet del Distrito- dentro de los tres días siguientes a su expedición, lo cual no ocurrió en este caso, si se tiene en cuenta que la modificación contractual se perfeccionó el 10 de febrero de 2014, y su publicación se realizó el 3 de abril de la misma anualidad”, remata el interventor. ((Ver carta 1))

No contento con haber enviado esta y otras anotaciones, el interventor Medina decide dirigir otra misiva a la Secretaría. En esta oportunidad el destinatario fue Luis Carlos Guarín López, director de servicio al ciudadano de la Secretaría de Movilidad. Con un tono de preocupación Medina expuso lo siguiente: “En virtud a que en la conformación de –la prórroga del SIM- no participamos emitiendo concepto alguno, por desconocimiento de su trámite (…) solicitamos se nos remitan los antecedentes que nos permitan evaluar la pertinencia y procedencia (del contrato)”. ((Ver carta 2))

Y acá viene lo más sorprendente. En respuesta a Medina, Luis Carlos Guarín dijo estas palabras: “en relación con el oficio del asunto, en el que solicita información relacionada con el otrosí No 4 al contrato 071 de 2007, celebrado entre la Secretaría y el Consorcio SIM, le informo que revisado el expediente contractual, no se encontró el documento mencionado”. ((Ver carta 3))

Así las cosas, la improvisación, la falta de estudios y las cuestionables actuaciones de Rodríguez saltan a la vista. Por lo pronto, solo resta esperar que los órganos de control se pronuncien sobre este particular que toca de frente al hoy exsecretario de Movilidad de Bogotá.