Reforma a la Justicia afectaría confianza inversionista

Este miércoles las plenarias del Senado y de Cámara anunciarán que en la sesión del jueves se debatirá la propuesta del Gobierno de archivar la reforma a la Justicia. El camino no está fácil pues persisten varios vacíos jurídicos que podrían enredar el camino en un momento decisivo para el país.

El Presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, dijo que la reforma a la Justicia no pude tener vigencia ni un solo día y aseguran que el nombramiento del nuevo Ministro será crucial para evitar más daños.

Villegas dice que este paso será crucial y el país se está jugando una carta muy importante para no afectar la confianza de los agentes económicos, después del gran avance en varios asuntos que le han cambiado la cara al país.

Con la expedición del decreto que cita a sesiones extraordinarias empieza el tortuoso camino que tendría que recorre el gobierno para que la reforma no tome forma. El jueves se llevaría a cabo una votación y amplió debate para hundir el proyecto.

“Por el momento debemos hacer lo posible para que la confianza se mantenga, propuesta novedosas en materia económica. La meta es no afectar la confianza y debe haber un hecho concreto para demostrar la eficiencia de la Unidad Nacional”, precisó Villegas.

En el sector privado hay una inmensa preocupación por el uso de mecanismos que dañan la credibilidad de las instituciones del país.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny indica que son pocas las soluciones efectivas que están sobre la mesa.

Para el experto, primero el Presidente no puede objetar una reforma a la justicia, este paso le corresponde a la Corte Constitucional, pero para ello la reforma debería entrar en vigencia. Si esto pasa, al día siguiente saldrían libres varios investigados por parapolítica, yidispolítica, Agro Ingreso Seguro, entre otros.

“Si la entrada en vigor es muy traumática no se podría esperar a la decisión de la Corte”, dijo.

Otra de las salidas es que el Gobierno presente un proyecto de un solo articulo que diga que deja sin sustento jurídico la reforma a la Justicia, pero no es claro si se pude hacer en sesiones extras.

El asunto no es fácil cualquier error en el procedimiento podría dejar al país expuesto a un duro castigo por parte de los inversionistas extranjeros, porque podrían considerar que el actual Gobierno no tiene reglas claras a nivel interno.

En una alocución el Presidente Juan Manuel Santos pidió a los congresistas asistir a las sesiones extraordinarias convocadas para los días 27 y 28 de junio, al tiempo que les pidió archivar la Reforma a la Justicia.

"En esa misma condición de Jefe de Estado, he convocado al Congreso de la República a sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio, es decir, mañana y pasado mañana, con el fin de que se ocupe exclusivamente de examinar las objeciones realizadas", dijo el Mandatario.

Y agregó: "No sólo convoco a estas sesiones porque es mi facultad constitucional sino también porque es mi deber para evitar el caos institucional y judicial que significaría la vigencia de la reforma judicial tal como fue aprobada".

"Que nadie venga ahora a acusar a los parlamentarios de prevaricato por acudir a unas sesiones extraordinarias convocadas a conciencia y en derecho por el Presidente de la República", dijo.

El Mandatario afirmó que trata de un cumplimiento esencial de un deber del poder legislativo en este momento crítico.

"El propio Fiscal General de la Nación no sólo ha respaldado la decisión que tomamos de objetar esta reforma, sino que ha enfatizado el hecho de que el voto de los parlamentarios no implica ni puede implicar responsabilidad penal de ninguna clase", indicó.

Consideró que el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de garantizarle al país que, sin necesidad de acudir a vías de hecho, podemos solucionar situaciones como la que hoy vivimos. "Tenemos que estar a la altura de este momento histórico", sostuvo el Presidente Santos.

El Presidente Santos reiteró además su pedido a los congresistas para que se archive el proyecto de Reforma a la Justicia, porque –sostuvo– en su redacción final es inconstitucional, inconveniente y contraría la expresión de la opinión pública.

"Hoy le pido al Congreso, frente a todos mis compatriotas, que archive este proyecto que, en su redacción final, no sólo es inconstitucional e inconveniente sino que, además, contraría la expresión prácticamente unánime de la opinión pública", puntualizó el Jefe de Estado.