Redes digitales y medios alternativos: ¿verdugos de la justicia?

El abogado ofrece asesoría jurídica; el periodista capta y transmite información en cualquiera de sus formas; el “influencer” busca presentar sus ideas y opiniones como si fueran información aprovechando las redes sociales; y el “youtuber”, es una celebridad con una audiencia cautiva, que gana e incrementa su popularidad utilizando videos ubicados estratégicamente en los sitios especializados.

Estos nuevos actores mediáticos -combinados con los más tradicionales- no solo divierten, informan, entretienen, insultan y polemizan, si no que han trasmutado, también, en actores decisivos en los procesos judiciales. Sus opiniones se vuelven verdades sociales que no son neutras frente al desarrollo de los procesos en los estrados judiciales.

La creciente influencia e injerencia de estos medios alternativos sobre la justicia es perniciosa y distorsionante. Como abogada litigante -profesión legítima con la obligación de contribuir a que se haga justicia- he vivido y sufrido de cerca la erosión del debido proceso como resultado de este escenario mediático que juzga en paralelo las causas sobre las que solo deberían pronunciarse los jueces y magistrados. Se nos ha olvidado que los casos se ganan o se pierden en los estrados judiciales y no en los medios de comunicación o en las plataformas digitales. Desafortunadamente, un número creciente de colegas prefiere relamerse con un fallo a su favor en la opinión que una sentencia en el poder judicial.

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De ahí que los abogados litigantes involucrados en casos mediáticos hayan decidido convertirse en falsos periodistas, en “influenciadores” o en “youtubers”, pues nada mejor que jugarse las cartas de la aquiesencia colectiva antes que esperarse a una sentencia judicial, que quizás opaque sus vanidades. Cuando la decisión judicial finalmente llegue a última instancia, ya nada será relevante de cara a sus seguidores… todo habrá pasado y la verdadera sentencia será la que en su momento hayan podido vender para su propio beneficio.

En conclusión y con tristeza, la justicia se volvió un negocio, una actividad donde prima el marketing y en la cual nada importa. La decisión final ya no la tiene un juez autónomamente, sino que le está condicionada al veredicto de los usuarios de plataformas digitales.

La obligación ineludible de salvaguardar la información procesal prácticamente ha desaparecido, debido en -gran medida- a ese imperativo de seducir a las redes filtrando datos, pruebas y testimonios que por su naturaleza amarillista inclinan la balanza en favor de quién alimenta a estos insaciables devoradores de procesos judiciales.

Con la excusa de que existe un deber social de “informar” al público, justificado por el hermetismo judicial -que es lo que corresponde- y la lentitud procesal, se abren selectivamente las piezas que reposan en los juzgados, a los ojos poco entrenados de un público prevenido y sospechoso. El resultado es la discrepancia profunda entre lo que los ciudadanos -alentados por la desinformación y la manipulación de los medios y las redes- consideran “justo” y aquello que la justicia determina como veredicto de acuerdo a los procesos institucionales y la normatividad.

¿Por qué se le permite esa distorsión y esa laxitud al litigante? ¿Dónde está el poder de los jueces?

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La ley es clara y ofrece herramientas suficientes para actuar. Son  faltas profesionales de los abogados, entre otras, “intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas”; “injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales”; “emplear medios distintos de la persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia”; “efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión, judicial o administrativa”.

Respetado colega, respetado Juez, ¿por qué seguir torpedeando los juicios en los medios de comunicación? Todo está dado para una sanción. Sin embargo, nada pasa. Todo se permite.  Hay un respeto reverencial a las redes que más bien debería ser a la Ley.

Un poco de conciencia y de sanciones ejemplarizantes, no vendrían nada mal. Lastimosamente “la letra con sangre entra” y a pesar de que no hay que tomar esta frase literal, desde esta orilla, de abogado litigante, que cree en la justicia como verdadero valor esencial de la sociedad, nada se ha visto y todo sigue siendo permitido. Un mayor control disciplinario no vendría nada mal.

Por: María Lucía Posada, socia de la firma de abogados Posse Herrera Ruiz.