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| 10/16/2019 9:59:00 PM

¿Qué tan herida queda la economía?

Aunque el Ministro Carrasquilla auguró una gran catástrofe, varios analistas aseguran que el panorama no sería tan oscuro para las finanzas del país. Este miércoles la Corte Constitucional tumbó la mayor parte de la norma. Solo sobrevivieron 4 artículos.

Lo que muchos esperaban, se hizo realidad: ya se cayó la ley de financiamiento. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había explicado las razones por las que creía que si se declaraba la inconstitucional de esta norma, el país sufriría un enorme golpe.

Aunque Carrasquilla en los últimos meses se había concentrado en defender el cabal cumplimiento del proceso que siguió el Congreso para aprobar esta norma, también decidió encender las alarmas al expresar que si la Corte declaraba inconstitucional la Ley de Financiamiento, el costo para el país en los próximos 10 años sería cercano a los mil billones de pesos, esto basado en cálculos que han hecho desde el Ministerio.

Según las estimaciones de Hacienda, existen dos factores que causarían este alto costo. El primero es el que tiene que ver con la seguridad jurídica, pues según Carrasquilla “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni en una ley de financiamiento, dado que, cumplidos todos los requisitos como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios. Eso pasaría si eso no se sostiene”.

El segundo estaría asociado a la falta de crecimiento, ya que para el gobierno dicha desconfianza sería una estocada para la inversión en el país, que costaría anualmente 1,5 puntos del PIB, por lo que el jefe de la cartera aseguró que no sería posible cumplir con las expectativas de dinámica económica pues “los efectos de crecimiento inherentes a la Ley de Financiamiento, desaparecerían”.

Pero no todos comparten esta visión catastrófica. Desde otros sectores consideran que la caída de la Ley no sería tan trascendente para el panorama económico del país e incluso hay quienes consideran que esto mejoraría las finanzas en el corto plazo, ya que se aliviaría la caída en el recaudo en los próximos años, considerando que la Ley contempló una disminución de algunos impuestos a empresas con el fin de incentivar la creación de empleo, un efecto que aún no se percibe.

De acuerdo con estudios de varias entidades de reconocida trayectoria, el recaudo con la actual ley solo tendrá buenos resultados en el presente año. Sin embargo a partir del 2020 sería inevitable una caída creciente. Al caerse la ley, ese recaudo se recuperaría.

Según algunos cálculos de Fedesarrollo, este año la Ley de financiamiento tendría la capacidad de recaudar  $5 billones, pero a partir de 2020 el recaudo caería por los beneficios otorgados a las empresas. Esto representaría una disminución de $5 billones en 2020, de $6 billones en 2021 y de $9 billones en 2022.

Lo cierto es que el beneficio que otorga la ley a las empresas para que descuenten del impuesto de renta el 100% del IVA que pagan al comprar bienes de capital, quizá genere las mayores caídas del recaudo.

El director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, Richard Francis, también se había pronunciado al respecto, e indicó que la caída de la ley tendría un efecto neutro. “Es claro que significará un incremento de ingresos este año, pero una pérdida el año que viene; entonces, en el mediano y largo plazo para nosotros, si la ley cae realmente regresamos a la situación antes de la aprobación”, indicó.

Es claro que las declaraciones del Ministro Carrasquilla buscaban calar al interior del Alto Tribunal. Sin embargo, las consecuencias de una eventual caída pueden no ser tan apocalípticas como lo vaticinaron desde el gobierno.

Cabe recordar que la Procuraduría le había dado el visto bueno a la Ley y aseguró que el trámite de la Ley de Financiamiento fue constitucional, esto como respuesta a dos demandas interpuestas  por el exvicepresidente de la República Germán Vargas LLeras y los congresistas Jorge Enrique Robledo, Alexander López, Wilson Arias y Germán Navas, que alegaban fallos en el procedimiento de aprobación. Sin embargo, a principio del año desde el Centro de estudios económicos ya habían advertido sobre posibles  visos de inconstitucionalidad en varios artículos de la ley, particularmente en temas como la sobretasa de renta para el sector financiero.

EDICIÓN 562

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