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| 12/13/2019 7:07:00 AM

¿Cuál fue la decisión de la Contraloría que dejó tranquilas a las aseguradoras?

La Contraloría General revocó algunos artículos de un fallo reciente en el que vinculaba a las empresas de seguros como terceros civilmente responsables. ¿Qué pasó? 

Tomó un nuevo rumbo uno de los más polémicos fallos recientes de la Contraloría General de la República. Se trata de uno que puso en vilo al mercado de los seguros en Colombia, en especial en lo relacionados con el aseguramiento de funcionarios, directivos y juntas de empresas del sector público.

Lo había advertido Dinero en su edición 575. La Contraloría adelantaba un proceso de responsabilidad fiscal contra la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá, Liliana Pardo, y otros funcionarios. Y en un fallo de segunda instancia, vinculó al proceso a las aseguradoras La Previsora y ZLS Aseguradora de Colombia –antes QBE Seguros–, que habían expedido tiempo atrás las pólizas de responsabilidad civil de esos servidores públicos. Se trataba de un asunto relacionado con la obra del Transmilenio por la calle 26.

En Colombia las aseguradoras emiten pólizas de riesgos financieros y la responsabilidad civil que toman los empleados públicos y los miembros de juntas directivas. Esas pólizas protegen de eventuales hallazgos y responsabilidades endilgadas por entidades de control. La discusión radicaba hasta cuándo tenía que responder la aseguradora. O, en otras palabras, si un hecho descubierto después de la vigencia de la póliza seguía amparado por la misma.

La Contraloría encendió con su decisión las alarmas del sector de seguros por sus efectos sobre el aseguramiento de servidores públicos, al igual que la posibilidad de buscar reaseguros en el exterior. De hecho, la pólizas cambiaron y el mercado se estancó: el presidente de una empresa con capital estatal señaló en su momento que el cubrimiento máximo en reaseguro fue de US$20 millones por una prima de unos US$3 millones. Antes tenía una cobertura de unos US$400 millones y la prima valía US$900.000.

La situación generó tensión y empezaron algunos procesos de acercamiento con la Contraloría para analizar el caso y determinar el alcance de la decisión. “La Contraloría General ha estado presta a sostener reuniones, abrir espacios de diálogo con participación del gremio asegurador y definir escenarios de deliberación para analizar la doctrina existente en la materia, con el fin de garantizar la indemnidad del patrimonio público y, al mismo tiempo, los derechos de los aseguradores”, señaló a Dinero el organismo de control hace unos meses, tras conocerse el fallo.

Comenzó entonces una nueva etapa del proceso. Representantes de las aseguradoras ZLS y La Previsora solicitaron a la Contraloría una revocatoria directa parcial del fallo, en particular sobre la vigencia de las pólizas y cómo se afectan las aseguradoras como terceros civiles fiscalmente responsables. Esas pólizas tienen vigencia de un año pero, en el marco de las investigaciones, es posible que la falla no se evidencie en ese año sino tiempo después.

Luego de hacer estudios y de solicitar nueva información, en especial relacionada con las vigencias, la entidad de control decidió revocar algunos artículos del fallo de segunda instancia y otro más del inicial.

“El análisis se dio bajo el supuesto de que eran las únicas pólizas que amparaban la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Así mismo, se tuvo en cuenta que, al haberse pactado las pólizas bajo la modalidad por reclamación o claims made, con una vigencia anterior a la apertura del proceso, solo era dable que se hicieran efectivas si la reclamación se hubiera hecho dentro del término de esa vigencia (…) Dicha vinculación se dio teniendo en cuenta que, al solo poderse ejercer el control fiscal de manera posterior a la configuración del daño patrimonial, las condiciones de las pólizas afectadas, llevarían a concluir que no ampararían el obrar de los funcionarios declarados fiscalmente responsables, haciendo inocuo el aseguramiento y dejándolo sin respaldo”, dice el fallo de revocatoria de los artículos.

Y concluye que el fallo, al declarar como terceros civilmente responsables a ZLS y a La Previsora, “les generó un agravio injustificado, no siendo ellas las llamadas a amparar los daños causados al patrimonio del IDU”.

Como explicó un experto financiero, con la revocatoria la Contraloría define que a la compañía de seguros hay que cobrarle con la vigencia que tuvo durante el hallazgo. “Si el acto se cometió en 2014, pero se evidenció en 2016, la compañía de seguros que paga es la de 2016. Van a pagar pero cuando estaban vigentes, no en los cinco años de una investigación. Esa es la trascendencia de la revocatoria”, explicó.

La decisión ha hecho que empiecen a fluir lentamente de nuevo las pólizas de seguros con entidades públicas. En efecto, el fallo redirecciona ese cobro a la póliza exigible. Sin embargo, el mercado de precios no se ha terminado de ajustar y algunos seguros en el sector están por vencerse y otros todavía no consiguen pólizas.

Además, todos están a la expectativa. Está pendiente el fallo de segunda instancia de la Contraloría en el caso de las investigaciones por responsabilidad fiscal del caso de la Refinería de Cartagena (Reficar), por un monto superior a los $5 billones. En primera instancia también había vinculado a aseguradoras como Confianza, Chubb, Axxa Colpatria y Mapfre, además de más de una decena de funcionarios y miembros de junta directiva, así como a la constructora, CB&I. El mercado sigue atento.

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