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| 10/29/2020 12:01:00 AM

Más pobreza y descontento social, una mezcla explosiva

El aumento de la pobreza registrado desde el año pasado augura cifras aún peores tras la pandemia y un mayor descontento social. ¿Cómo romper este círculo vicioso?

El paro nacional del 21 de octubre tuvo lugar justo después de que se conoció que el año pasado el país tenía más pobres de lo pensado y que esta cifra seguirá subiendo con la crisis económica y sanitaria.

La protesta fue pacífica, pero esto no implica que ya esté solucionado el malestar social, evidente desde hace un año. Por el contrario, es factible que sigan las protestas en las calles en la medida en que se demore la recuperación económica. 

Cuando las cosas iban mejor, los expertos decían que los colombianos que salían de la pobreza se iban dando cuenta de que requerían mucho más bienestar por parte del Estado. Esta perspectiva cambió, pues la clase media del país no creció tanto y, por el contrario, aumentó el número de pobres. Como ha explicado el Dane, esto obedeció a una modificación de metodología, que implica tener una foto más real de lo que sucede en el territorio.

Así, entre 2018 y 2019 la pobreza aumentó a 35,7% de la población, es decir, 660.000 personas se sumaron a esa condición. En el caso de la indigencia, las cuentas dan 730.000 personas adicionales para un total de 4,6 millones. Esta nueva medición afecta en particular a los que viven en el campo, en donde hasta el año pasado casi la mitad de los campesinos eran pobres. 

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El cambio metodológico se originó en el proceso de actualizar la Encuesta de Presupuesto de los Hogares, hecho hace dos años. Tener información más reciente le permitió a la entidad estadística determinar, por ejemplo, que los gastos en vivienda y de comidas por fuera del hogar pesan ahora más en el bolsillo de los colombianos. Además, corroboró que los ingresos y gastos tiene una dinámica heterogénea en el país y en cada región.

Sin protección social

Resulta positivo tener una foto más clara de lo que pasa en el país, con el fin de tomar decisiones de mayor calado. Pero muestra que, durante años, más de 4 millones de colombianos permanecieron por fuera de los programas sociales. En el papel habían dejado la pobreza, pero en la práctica seguían en una situación crítica.

Como explica Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo, “se corrigió un error de hace 10 años, porque con la nueva medición la pobreza crece ocho puntos porcentuales. Hace una década bajaron la pobreza de manera arbitraria y, por ende, los gobiernos tomaron decisiones sobre recursos e inversiones basadas en información errónea”.

Con la fórmula anterior, la pobreza se redujo de 32,7% a 27% entre 2012 y 2018. Pero la nueva medición revela que, si bien bajó la pobreza en ese periodo, la mejora no fue tan considerable, pues pasó de 40,8% a 34,7% respectivamente. “Sin dudas, los más afectados fueron los campesinos. En las zonas rurales esas decisiones equivocadas tuvieron repercusiones más graves”, añade Núñez.

Como si fuera poco, luego de varios años con tendencia a la baja, la pobreza volvió a aumentar en 2019, justo cuando la economía colombiana tuvo su mayor crecimiento desde 2014.

Para el Dane y un grupo de analistas, esto responde a las pérdidas de empleos y al aumento de la desocupación que viene registrando el país desde hace cinco años. “Prácticamente, el deterioro de la pobreza está asociado en forma contundente al deterioro del mercado laboral que, si bien viene desde 2015, fue entre 2018 y 2019 cuando por primera vez la tasa de pobreza creció un punto porcentual”, explicó Juan Daniel Oviedo, director del Dane.

Capital y empleo

A mayor desempleo, menores ingresos y, por ende, mayor pobreza. El problema está en que esa ecuación se agudizó precisamente antes de la pandemia, lo que hace factible que las cifras sigan empeorando.

Para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, esto responde netamente a preferencias políticas y decisiones económicas. “El aumento de la pobreza no se puede explicar por factores externos. Tiene que ver con un cambio que ha favorecido el capital en detrimento del empleo. Es necesario reducir los costos de emplear trabajadores, diferentes a su salario”, asegura.

Por su parte, la exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López, dice que el país creció más que otros de América Latina, pero también aumentó su pobreza, lo cual implica un mayor índice Gini y una concentración de ingresos más elevada. “Si la economía crece y aumentan los pobres, algunos pocos se están quedando con los beneficios del crecimiento”, señala.

Uno de los puntos de mayor preocupación está en el campo, donde la pobreza monetaria pasó de 46% a 47,5%, mientras que la indigencia saltó de 16,2% a casi 20%. Ese incremento de tres puntos en la pobreza extrema de las zonas rurales no se veía desde que existe esta base de datos. Y refleja una dura caída de los ingresos en los hogares más pobres, en contraste con los de mayores ingresos. En este frente, el aumento del desempleo y el menor PIB agropecuario les pasaron factura a las cifras. 

Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, señala que el Gobierno tiene un acelerador a la mano para frenar este incremento de la pobreza. Se trata de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), un instrumento para definir las visiones a futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Los Pdet nacieron para cumplir los acuerdos de paz con las Farc. El Gobierno dice que ha avanzado más de lo que recibió del anterior, pero para Angulo estas hojas de ruta podrían ir más rápidamente. Pero no es lo único que habrá que mirar para hacerle frente al flagelo de la pobreza, en el cual el país podría retroceder hasta 10 años. “Para paliar la crisis debemos focalizar con instrumentos flexibles. Hoy hay una cantidad de personas que no son observables por los instrumentos que había antes del coronavirus. Con esto presente, debe haber un plan de choque de emergencia y, después, será necesario reactualizar el Sisbén”, dice el experto.

Ingreso solidario

No es gratuito que, durante la emergencia económica, el Gobierno haya tenido que crear el Ingreso Solidario. Estos giros le permitieron cubrir a varios millones de colombianos que necesitaban ayudas pero no estaban en las bases de datos de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, entre otras.

Actualmente, el programa opera a toda marcha y ha servido para que los hogares más vulnerables tengan recursos adicionales. Pero el Ejecutivo planea eliminarlo a mitad del año próximo, lo que parece poco viable.

Para Núñez, no hay forma de que esta iniciativa deje de funcionar en junio de 2021. De hecho, dice que deberá continuar durante más años y aumentar su monto. “Se requiere una transferencia de al menos $330.000 para equilibrar el choque sobre los hogares, pues hoy el Ingreso Solidario apenas sirve para superar la línea de pobreza extrema”, señala. 

Para el Gobierno, el plan de choque en este frente se basa en los programas de transferencias sociales. Este año continuará con los giros extraordinarios para 2,6 millones de hogares de Familias en Acción, más de 400.000 Jóvenes en Acción y 1,7 millones de adultos mayores. De igual forma, seguirá la devolución del IVA e Ingreso Solidario. 

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A mediano plazo, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) señala que la inversión en programas de infraestructura permitirá generar más de 30.000 empleos locales. Estos incluyen vías urbanas y rurales, plazas de mercado, centros de acopio y centros de transformación, entre otros. 

Susana Correa, directora del DPS, explica que “en el plano de generación de ingresos, la estrategia de ‘Compromiso por Colombia’ se lanzó hace pocos meses y en ella el Gobierno le dio prioridad a los pobres y a los vulnerables. En este marco lanzamos nuestra estrategia ‘Economía para la Gente’, una gran apuesta a la política de generación de ingresos, teniendo en cuenta la pérdida de puestos de trabajo que está dejando esta crisis”.

Sin dudas, estos planes han permitido hacerle frente a la mayor pobreza. De hecho, estudios revelan que programas como Familias en Acción reducen en 4 puntos porcentuales la probabilidad de que un hogar se encuentre en pobreza monetaria y en 2 puntos la probabilidad de que caiga en pobreza extrema.

No obstante, por la pandemia la mitad de la población podría llegar a la pobreza y en ese caso no servirían ni los mejores subsidios. En este punto, aumentar el empleo se vuelve fundamental y, por ende, adelantar reformas que permitan crear empleo de calidad en el país.“Ojalá el Gobierno tenga algo de capital político para encontrar más recursos. Si es así, se debe focalizar mejor el gasto social. No es posible, por ejemplo, que la mitad de los hogares que reciben subsidios por servicios públicos no sean pobres y que así suceda con muchos otros programas como cajas de compensación y pensiones”, enfatiza Núñez.

¿Y la protesta?

Desde el año pasado el mundo ha presenciado estallidos sociales. Miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su descontento en varias latitudes. En muchas ocasiones los actos de vandalismo y violencia han opacado el verdadero sentir de las manifestaciones. Pero no se puede desconocer que las sociedades demandan cambios estructurales.

Por supuesto, Latinoamérica no ha sido la excepción. Chile hace pocos días vivió un suceso histórico. Luego de varios meses de manifestaciones, el país aprobó con 78% un referendo para cambiar la constitución de corte neoliberal vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Tradicionalmente, ese país había sido un faro en materia de desarrollo económico para muchos países de la región, incluido Colombia. De allí llegaron las bases, por ejemplo, del modelo de sistema pensional, de educación y de salud hoy vigentes. 

Las más recientes protestas realizadas en el país y lideradas por los indígenas fueron pacíficas y ordenadas. Sin embargo, esto no significa que el malestar social ya terminó.

En Chile, por ejemplo, en los últimos 20 años la pobreza pasó de 36% a 9%. Según Sergio Clavijo, docente de la Universidad de los Andes, eso se explica por su modelo neoliberal y un manejo “anticíclico” con reglas fiscales que garantizan la sostenibilidad, gracias a las bajas tasas de endeudamiento público y un control minucioso de la inflación. “Dicha estabilidad macrofiscal sirvió para reducir la pobreza y también el índice Gini de ingresos, de 0,53 a 0,46”, expone Clavijo en un reciente documento sobre el tema.

Entonces, si Chile tenía las cifras tan buenas, ¿por qué tanta inconformidad? Clavijo responde que, por lo menos, en el caso chileno las protestas tienen que ver con temas de corrupción, discriminación a las minorías, segregación clasista y, sobre todo, un rechazo creciente a la clase empresarial a la que acusan de ignorar la inclusión social.

A pesar de los esfuerzos generados durante los dos gobiernos de Michelle Bachelet, enfocados en buscar la gratuidad universitaria y la reducción en los costos de salud y transporte, estos avances llegaron tarde. Sumado a esto, “una porción importante de la sociedad chilena no tiene arraigo institucional de ninguna clase, “pues se estima que no menos de 600.000 jóvenes son ninis (ni estudian ni trabajan)”.

En Colombia pasa algo similar. Lo prueba que, desde finales de noviembre de 2019, también se han exacerbado las tensiones sociales. También ha habido avances importantes en materia de desarrollo en las últimas décadas, pero con resultados inferiores al compararlos con otras economías de la región.

Además, persisten altos índices de desigualdad y concentración de la riqueza, sin contar con que 38% de la clase media naciente es muy vulnerable. “Subsiste un grave problema de alta vulnerabilidad y de inequidad. Por ejemplo, el Gini-ingresos de Colombia tan solo se ha podido reducir de 0,55 hacia 0,48 y el Gini-riqueza está cerca de 0,85. Estas cifras denotan avances proequidad, pero tan solo en el margen, pues persiste el daño causado por la acumulación de riqueza a nivel histórico”, asegura Clavijo.

¿Indicador adecuado?

El índice Gini es el estándar internacional para medir la inequidad, que se ha convertido en el motor principal del descontento social. Pero un grupo creciente de economistas considera que dicho indicador –creado en 1912 por el sociólogo, demógrafo y estadista italiano Corrado Gini– no toma adecuadamente la foto de la desigualdad hoy.

Gini desarrolló un cálculo único en una escala de 0 a 1, tan fácil de leer como un porcentaje. Puede aplicarse no solo a los ingresos, sino también a la riqueza, donde suele ser mucho mayor. Esto porque las diferencias en los ingresos persisten y se acumulan en riqueza a lo largo de la vida (por ejemplo, por dinastías familiares).

La idea del experto se basa en la noción de comparar dos personas. Si ambas tienen lo mismo, la diferencia entre ellas es 0; pero si una tiene todo y la otra nada, entonces tiene 1. Así, fijó el índice de modo que siempre esté entre 0 (igualdad perfecta) y 1 (la completa desigualdad).

El premio Nobel de Economía Angus Deaton, junto con su colega Anne Case, publicó a inicios de este año un artículo en la revista británica Prospect, en el que señala que ninguna estadística por sí sola puede transmitir una imagen completa de la desigualdad. Esto porque los ingresos son simplemente uno de los muchos ingredientes del bienestar. Argumentan que las desigualdades también se ven en la tasa de mortalidad y de rendimiento educativo, que pueden ser más importantes que el ingreso.

Lo demuestra la pandemia, que ha sido mucho más severa para las personas más pobres y menos educadas. “Centrarse solo en el índice Gini y pensar en él como la medida de la desigualdad fomenta la ilusión de que un número puede transmitir una imagen general”, indica la publicación.

Deaton y Case también critican al índice Gini porque no sirve para analizar la forma como se acumula riqueza, importante para determinar lo que es justo y lo que no. Si las empresas y los millonarios ganan dinero porque han creado un producto o servicio que le sirve a su comunidad, eso sería justo. Pero en la medida en que ganan más dinero por su cabildeo en el Congreso, por pactos anticompetitivos o por corrupción, entonces esas ganancias no serían justas y alimentarían un resentimiento creciente contra el sector privado.

Otros economistas como Francisco Ferreira, del Banco Mundial, consideran que, pese a sus imperfecciones, el Gini sigue válido y mejor que otras medidas de desigualdad utilizadas. “Abandonarlo sería como dejar de lado la escala de grados centígrados como medida de temperatura porque falla en informarnos sobre cómo el cambio climático causa estragos en los patrones de lluvia, la incidencia de eventos climáticos extremos o la magnitud del aumento del nivel del mar”, dice Ferreira en un blog publicado en la página del organismo multilateral.

Mientras los expertos se ponen de acuerdo, las estadísticas del Dane sobre el índice Gini del país no son halagüeñas. Colombia pasó de 0,572 en 2020 a 0,508 en 2017. Después volvió a subir, y en 2019 quedó en 0,526. Entre las ciudades principales, Bogotá registra la mayor desigualdad y Pereira el mejor dato de Gini.

Problema endémico

A la pobreza y a la desigualdad se suma un endémico problema del desempleo, que venía empeorando desde antes de la pandemia. Históricamente, la tasa de desocupación en Colombia ha rondado los dos dígitos. Lo que, por supuesto, causa gran parte de la inconformidad que hoy vive el país, principalmente entre los jóvenes.

Ellos son los más afectados por el desempleo y también protagonizan las protestas de los últimos años. Para esa generación ya no es suficiente que el Gobierno saque pecho con las tasas macroeconómicas de crecimiento. Exigen mejores condiciones de vida, mejor calidad y acceso sin costo a la educación en todos sus niveles.

La tasa de desempleo alcanzó 21,4% en mayo y luego descendió a 16,8% en agosto. Aunque implica una mejora, significa que siguen los graves perjuicios sobre los ingresos de los hogares y en su poder adquisitivo, lo que además impacta los procesos de superación de la pobreza, que ahora podría retroceder incluso dos décadas.

Esto ha llevado a que la inconformidad social también se mezcle con críticas al gobierno actual. Los partidos de oposición, los movimientos estudiantiles y el llamado Comité Nacional de Paro se han tomado la vocería de las manifestaciones.

A finales del año pasado se reunieron con representantes del Gobierno en el marco de lo que el Ejecutivo ha denominado la “Gran Conversación Nacional”. En este momento se encuentra suspendida por las abismales diferencias de agenda entre las partes y por el alto grado de polarización política. 

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, ha liderado las conversaciones con los promotores del paro. Explica que, en el principio de la conversación a finales de 2019, el Gobierno recibió 13 peticiones que con el tiempo se convirtieron en más de 130. Posteriormente, en los últimos días el Comité Nacional de Paro le envió al presidente Iván Duque un pliego adicional con otras peticiones de emergencia.

Entre las últimas exigencias se encuentra la creación de una renta básica para 30 millones de personas, por al menos un salario mínimo durante 6 meses; derogar el piso mínimo de protección social y otros decretos emitidos en el marco de la emergencia.

Igualmente, piden formalizar a todos los trabajadores de la salud, matrícula cero para la educación superior, defender la producción nacional, subsidiar completamente las nóminas de las Mipymes y no privatizar activos del Estado. Para financiar esta solicitud piden emitir moneda, usar reservas internacionales y renegociar la deuda externa.

Molano indica que, luego de analizar las primeras 135 solicitudes, determinaron que 19% no eran viables jurídica ni fiscalmente. Otro 10% era resorte de otras ramas del poder y el Gobierno ya trabajaba en 40% de las solicitudes. Esto implicaría que solo en 10% de las propuestas podrían llegar a acuerdos. 

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Frente al pliego de emergencia, agrega que costaría $196 billones, lo que en plata blanca representa casi 60% del presupuesto de 2021. “Con las nuevas consideraciones fiscales era muy difícil responder a esas peticiones”, precisa. Bajo esta perspectiva, aún se encuentra muy lejos la posibilidad de llegar a un consenso nacional.

Para superar la crisis, recuperar el empleo y mejorar la calidad de vida de los colombianos es necesario jugársela por pasar las reformas estructurales necesarias. Pero el Ejecutivo no se arriesga a presentarlas ante el Congreso, ni el Comité del Paro está de acuerdo con estas, ya que se oponen a cualquier cambio laboral o pensional.

El panorama no pinta bien y la frustración social seguirá creciendo en las calles, porque, como bien enseñó Pambele: es mejor ser rico que pobre. 

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