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| 7/9/2020 12:01:00 AM

La inconveniencia de los traslados exprés en materia pensional

A pesar de su inconveniencia fiscal y en materia de equidad, en el Congreso avanza un proyecto que abre un boquete pensional.

No fue un semestre fácil para las pensiones. No solo por la gran volatilidad de los mercados sino porque algunas de las decisiones más controvertidas de la pandemia han tenido que ver con los ahorros y aportes pensionales de los colombianos.

Al comenzar la crisis, el Gobierno decidió financiar el fondo de emergencias con recursos de las pensiones territoriales (Fonpet). Eso desató un choque con los mandatarios locales.

Luego anunció el traslado obligatorio a Colpensiones de unos 20.000 pensionados de salario mínimo bajo la modalidad de Retiro Programado (Decreto 558). Eso desató una fuerte controversia sobre a quién beneficiaba esta medida, si a los fondos privados o al Gobierno, que obtenía de un tajo $5 billones. Estos recursos compensarían la caída de ingresos de Colpensiones ante la suspensión de los aportes que decretó el Gobierno para mejorar la liquidez de trabajadores y empresas.

Por último, antes de finalizar la emergencia, circuló un borrador de decreto con el que el Gobierno pretendía el “traslado exprés” de personas que les faltaran menos de 10 años para pensionarse y, por tanto, ya deberían tener definido el régimen en que se pensionarían. 

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El decreto de “traslado exprés” no salió finalmente y el de traslado a pensionados de retiro programado quedó para quienes quieran hacerlo voluntariamente. Pero muchos analistas consideran que ambos anuncios sentaron antecedentes nefastos de tratar de “echarles mano” a los ahorros pensionales.

Tras 20 años de existencia, los fondos privados de pensiones acumulan hoy un ahorro de más de $300 billones, perteneciente a alrededor de 16 millones de afiliados. Toda una tentación.

“Hay que tener la convicción de que tenemos que proteger los recursos pensionales y de que son sagrados. En momentos de incertidumbre se piensa en el corto plazo, pero estos son recursos de largo plazo, pues son el ahorro para las pensiones de millones de colombianos”, afirma Juan David Correa, presidente de Protección. Recuerda que los mercados y la rentabilidad de los portafolios se han recuperado. Los fondos pasaron el semestre, pero las amenazas persisten. 

¿Qué sigue?

En medio de estas discusiones, se abrió paso en el Congreso un proyecto de ley que busca lo mismo que el decreto fallido de "traslado exprés". Esto es, abrir una “ventana pensional” para facilitar el traslado del régimen de ahorro individual al de prima media con prestación definida. Esa medida permitiría hacerlo, por un periodo de seis meses, a quienes les faltan menos de 10 años para pensionarse y tengan más de 750 semanas cotizadas. Esto es, hombres de más de 52 años y mujeres de más de 50 años que ya han definido en que régimen se van a pensionar.

El proyecto de ley número 050 pasó en Comisión Séptima y Plenaria de la Cámara de Representantes y en la siguiente legislatura lo discutirá el Senado.  

Según sus estadísticas, a fines del año anterior, había más de 26.000 procesos en marcha por traslados pensionales, un aumento de 17.000 frente al cierre de 2018.

El Gobierno manifestó, aunque tardíamente para algunos, la inconveniencia fiscal y de equidad de este proyecto. La norma beneficiaría con altos subsidios a los empleados de mayores ingresos en detrimento de los demás, que los financiarían en el régimen de prima media. Pero también tendría un costo fiscal neto alrededor de los $30 billones. Le significaría al Gobierno recursos por alrededor de $27 billones a corto plazo. Pero en el largo tendría que hacer desembolsos por más de $60 billones.

Estos recursos permitirían sacar a millones de la pobreza, mientras los beneficios de esta norma se quedarían en unos pocos miles. Además, causaría enormes daños al mercado de capitales, donde invierten los fondos privados.

Para muchos expertos este proyecto representa todo lo contrario de lo que hay que hacer en materia pensional. Es decir, buscar una mayor cobertura, equidad y sostenibilidad del sistema. 

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El autor del proyecto, el representante a la Cámara Juan Carlos Wills Ospina, argumenta en su exposición de motivos, apoyado por el partido Conservador, que a los fondos de pensiones les faltó claridad e incluso engañaron a los potenciales pensionados cuando arrancaron hace 20 años. Insiste en la ignorancia generalizada sobre el funcionamiento de los dos regímenes y la creciente judicialización del tema.

Según sus estadísticas a fines del año anterior había más de 26.000 procesos en marcha por traslados pensionales, un aumento de 17.000 frente al cierre de 2018. Las probabilidades de éxito de los demandantes rondan el 92%, en procesos que pueden tomar 10 años, con los gastos de abogados que ello implica. Muchos de los afiliados tienen 1,6 o 2 salarios mínimos (como señaló en su intervención el Ministerio de Hacienda), por lo que someterlos a un proceso judicial sería una carga excesiva, afirman en defensa del proyecto.

Para los expertos puede ser cierto que haya unas personas mal asesoradas y con reclamos válidos. Pero el proyecto abre una oportunidad para que se trasladen quienes solo quieren aprovechar los grandes beneficios que otorga el sistema público a los empleados de altos ingresos.

Durante el debate, representantes a la Cámara, como Mauricio Toro (quien presentó ponencia negativa) y Gabriel Santos, presentaron iniciativas para limitar el plazo del traslado, excluir a los altos servidores públicos o limitarlo a quienes demuestren haber sido efectivamente engañados. Pero la mayoría las negó.

Estas iniciativas también demuestran la inconveniencia de tener dos regímenes que compiten entre sí. Un sistema público que hoy subsidia fuertemente a quienes más tienen, mientras desprotege al grueso de la población. Y uno privado cuyas prestaciones no satisfacen las expectativas de muchos. Es evidente la necesidad de abordar una reforma de protección a la vejez. De lo contrario, las pensiones seguirán bajo fuego. 

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