¿Recorte a facultades de Duque en el Plan?

Ante la polémica que generó el artículo 181 del texto inicial del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que establecía facultades extraordinarias al presidente Iván Duque de manera amplia para modificar la estructura de la administración pública nacional, la ponencia para el segundo debate del proyecto de ley recortó los alcances en siete puntos en los que se le darían poderes al mandatario. ¿Cuáles son y qué contemplan? Aquí una mirada a cada uno.

Iván Duque, presidente la República. El jefe de Estado tendría facultades en siete puntos.

1. Control recursos SGP

El jefe de Estado tendría la facultad para modificar la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por un término de seis meses, luego de darse la aprobación del PND.

2. Fusión entidades financieras

El mandatario tendría la autoridad para fusionar las entidades públicas del sector financiero como las aseguradoras y fiduciarias, que esta vez aparecen con nombre propio: el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) que, según la propuesta, se daría con el fin de evitar duplicidades de labores. Así mismo, podría crear una entidad de la rama Ejecutiva del orden nacional que se haga responsable de la gestión de este servicio en el país.

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3. Reformar Contralorías

Otro de los poderes específicos se daría en la Contraloría General de la República, al permitirle reestructurar de manera jerárquica y funcional las contralorías delegadas en los sectores: Defensa, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Participación Ciudadana, Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y Unidad Delegada para el Posconflicto.

A su vez, tendría la facultad para crear una dependencia nueva en el organismo de control, que llevaría por nombre Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la que desarrollaría su estructura, abriría nuevas dependencias y establecería las funciones y la planta de personal.

Crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata en la Contraloría y darle autonomía al CNE son otras de las facultades que se le darían al mandatario.

4. Suprimir trámites

En este punto se daría la facultad para que se eliminen o reformen trámites y procesos innecesarios de la administración pública y que se pueda facilitar la vida de los ciudadanos, como certificaciones ante los ministerios.

5. Fusión de consejos

En los consejos, los comités y otras instancias de dirección o coordinación departamental que requieran “norma con fuerza de ley”, también se darían facultades para que sean suprimidas, fusionadas o modificadas.

6. Fortalecer la administración pública

En este punto, la ponencia explica que con el fin de fortalecer la equidad, el emprendimiento y la legalidad desde la modernización y la eficiencia de la administración pública, el mandatario podría realizar las modificaciones presupuestales necesarias para apropiar los gastos de funcionamiento e inversión requeridos para el cumplimiento de cada una de las facultades extraordinarias que sean aprobadas en el proyecto.

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7. Autonomía Consejo Nacional Electoral

Con el objetivo de darle autonomía administrativa y presupuestal al Consejo Nacional Electoral (CNE), tal y como se contempla en el artículo 265 de la Constitución Política, se permitiría que el Presidente adopte la estructura orgánica e interna, así como la planta de personal para el Consejo.

De aprobarse el articulado que va del 330 al 336, las facultades entrarían a regir por un periodo de seis meses tras el aval del Legislativo que, según la ponencia, se soportan conforme al numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, el cual señala que se permite “revestir” al Mandatario hasta por dicho tiempo “para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”.

Desde el Congreso

Para la senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, el paquete de propuestas en esta materia es más específico que el primero y no tendría inconvenientes en ser apoyado en las plenarias, debido a que salió de un “consenso” entre los diferentes coordinadores y ponentes del proyecto que se reunieron por varias semanas en la Casa Santa Bárbara para concretar el texto oficial.

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A pesar de lo asegurado por la legisladora, la medida podría sufrir nuevamente críticas en su segunda discusión por parte de algunas congresistas de las bancadas independientes y de oposición que han manifestado su desacuerdo en darle facultades a Duque vía PND.

Facultades en gobiernos anteriores

Esta no es la primera vez que a un presidente de la República se le darían facultades extraordinarias para reformar el funcionamiento de algunas entidades del Estado, pues a sus antecesores Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos se les concedieron a través de proyectos de ley.

Durante el mandato del expresidente Uribe y luego de las facultades especiales otorgadas por el Congreso, puso en marcha el programa `Renovación de la Administración Pública (Prap): Hacia un Estado Comunitario`, en el que suprimió cerca de 44 entidades, entre ellas Telecom, y creó 14, como la Sociedad Promotora de Energía de Colombia y Colombia Telecomunicaciones. Además, fusionó 6 Ministerios en 3: Salud y Trabajo se convirtió en Protección Social; Ambiente y Vivienda, en Ambiente y Desarrollo Territorial; Justicia e Interior, en Interior y Justicia.

Por su parte Santos, en la ley de facultades extraordinarias que le dio el Legislativo para crear, intervenir o eliminar entidades del Estado, reversó los cambios en los 3 ministerios que fusionó Uribe –Justicia, Trabajo y Ambiente–. Así mismo, le dio el poder para reestructurar la Superintendencia de Notariado y Registro, el Inpec, el DAS, Ingeominas e Invías, entre otras.

Por ahora, con desacuerdos, aciertos o no, la medida ya está lista en la ponencia para ser debatida y, de ser aprobada, sería la primera vez que un Plan de Desarrollo le daría facultades a un Presidente.