Así va el catastro multipropósito en Colombia

La raíz del problema político y de violencia en Colombia está en la distribución de la tierra. A pesar de esa verdad de a puño, el país no había logrado avanzar para organizar el tema. Pero la firma del proceso de paz concretó por fin la necesidad de consolidar el sistema de información catastral de 100 % del territorio nacional. Todo con el fin de utilizar esa información, no solo en aspectos tributarios, sino también de desarrollo territorial y planeación.

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Todo indica que el país avanza bien hacia estas metas. Olga Lucía López, directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), explicó que ya trabajan aceleradamente en conseguir estos objetivos. Recordó que tienen la meta de actualizar la información catastral de 60% de los predios del país en 2022 y de 100% en 2025.

El primer aspecto implica modernizar la entidad. “Estamos en un plan para lograr más eficiencia, menores costos y mayor cobertura de nuestros servicios”, comentó. A esto se suma el proceso de regulación con el objetivo de tener un marco normativo que contribuya al buen desempeño de los gestores catastrales.

Mejorar la gestión catastral es clave, por ejemplo, para optimizar el recaudo del impuesto predial sin aumentar tarifas.

En este frente hay avances importantes. La estrategia requiere descentralizar las funciones y lograr que más entidades desempeñen un rol clave en obtener y ordenar la información jurídica, económica y física de los predios del país. El Plan de Desarrollo habilitó la figura de los gestores catastrales: entidades públicas que pueden fungir como autoridades de catastro. A los cinco que venían con estas facultades (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Antioquia) se acaban de sumar otras cinco: el Área Metropolitana de Bucaramanga, Área Metropolitana Centro Occidente, departamento del Valle, Soacha y los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (Masora).

“El objetivo es lograr un catastro digital e interoperable que sea capaz de hablar con cualquier base de datos”, comentó la directora del Igac. Señaló que ahora mismo avanzan en estructurar el proyecto que podría salir a licitación para buscar el operador tecnológico de la nueva propuesta este año.

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El esfuerzo de modernización catastral ya cuenta con dos créditos aprobados: uno del Banco Mundial por US$100 millones y otro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$50 millones.

En esta iniciativa trabajan de la mano la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Igac.

La directora del Igac invitó a las entidades (municipios, departamentos y asociaciones de municipios) para que se constituyan en gestores catastrales, lo que podría acelerar el proceso de consolidación del nuevo catastro.

Amparo García Montaña, subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación, explicó que "la actualización del catastro se basa en un nuevo esquema para la gestión catastral que ahora es un servicio público. Esto implica que nuevos actores pueden participar y articularse para que se contribuya a cumplir la meta".

Según explica, los gestores catastrales pueden apoyarse en otros actores (públicos o privados) para desarrollar tareas operativas y de esta forma prestar un servicio más eficiente.

Plata sí hay

En este momento el programa de modernización del catastro ya cuenta con recursos por US$150 millones. Esos dineros servirán para fortalecer la institucionalidad, modernizar el aspecto tecnológico, hacer trabajo de campo y administrar y operar el proyecto.

"El componente de Trabajo en campo concentra la mayor proporción de los recursos, contiene los insumos registrales y de cartografía, los procesos del levantamiento del catastro en 79 municipios (38 Pdet) y los procesos de ordenamiento social de la propiedad en 13 municipios", comentó García.

Los roles ya están bien definidos: Planeación Nacional se encargará de coordinar las entidades involucradas; el Igac responderá por los insumos geodésicos y cartográficos para realizar los levantamientos catastrales; la Agencia Nacional de Tierras (ANT) velará por los procesos del ordenamiento social de la propiedad rural y la Supernotariado y Registro (SNR) tendrá a cargo los insumos registrales y la labor de vigilancia y control.

Los resultados empezarán a verse pronto. En primer lugar, hay que aumentar el área actualizada catastralmente, pues en la actualidad el país solo cuenta con información del 2,3% del área total. El desafío es enorme si se tiene en cuenta que el primer hito es lograr que a diciembre de 2022 Colombia cuente con la información del 60%: un salto cuantitativo enorme.

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Tanto la directora del Igac como la subdirectora de Planeación hicieron un llamado para aumentar el número de gestores catastrales, pues mientras más entidades asuman este desafío habrá más avances. Actualmente hay en total 10 gestores y esperan duplicar esta cifra antes de terminar 2022.

También tienen la meta de tener al 100% de funcionalidad el Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito. Y lo mismo en cuanto al área geográfica en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet).

Con el marco normativo, la capacidad institucional y los recursos, el país parece avanzar hacia el objetivo de conformar su catastro multipropósito. El tema permitirá mejorar el recaudo del impuesto predial, fortalecer las capacidades de planeación y superar al fin el eterno lío del acceso a la tierra, en la raíz de buena parte de los problemas del país.