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| 11/2/2020 12:01:00 AM

Catastro multipropósito avanza contra viento y marea en Colombia

En medio de la pandemia, cientos de funcionarios mantienen sus labores para levantar los datos del suelo colombiano. Así avanza esta titánica labor.

Actualizar la información catastral en Colombia se convirtió aún más en una titánica tarea para cientos de funcionarios que batallan contra viento y marea para levantar estos datos.

Normalmente, hablar de tierras e información del suelo es un tema vetado en algunas zonas del país. Y ahora, con una pandemia activa, la labor se volvió todavía más difícil, debido a las restricciones de movilidad que rigieron en el país durante cerca de seis meses. Eso, sin contar con los problemas que regularmente se viven en el territorio, donde las economías ilegales se han tomado a sangre y fuego las tierras nacionales.

A pesar de lo anterior, cientos de ciudadanos avanzan en este trabajo, que le permitirá al Estado tener datos actualizados del suelo a lo largo y ancho de Colombia. Tras dos años, los avances son mejores de los que se proyectaban para este momento, incluso con el coronavirus que nadie esperaba.

“La idea es pasar del 5,6% de información al 60% en 2022, y llegar al 100% en 2025. La meta es histórica, pues el país nunca ha llegado a tales niveles de información de las tierras en el país”, aseguró Emilio José Archila, alto consejero para la Estabilización, durante una audiencia pública en el Congreso.

En la cita, un grupo de funcionarios reveló que, luego de varios meses de trabajo conjunto, más de 10 entidades públicas avanzan a toda macha con los pilotos para encontrar la información real del catastro.

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“Este año, a pesar de las dificultades de la pandemia, se llevará a cabo la actualización en el área rural de Cumaribo, Vichada, que es un municipio gigantesco”, agregó Archila. Confirmó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) avanza en la recolección de datos en 10 municipios de Vichada, Risaralda y Cundinamarca, mientras que la Agencia Nacional de Tierras avanza en otros cinco municipios de Tolima, La Guajira y Bolívar.

A ciencia cierta, el levantamiento de estos datos –que es fundamental para la implementación del primer punto de los acuerdos de paz con las Farc– avanza en el 27%.

Según Amparo García, subdirectora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cada una de las tareas para lograr la política ya está plasmada y definida en cada entidad.

La articulación ha sido clave para que la financiación del catastro multipropósito, que proviene de la banca multilateral, sea transparente y cada peso se gaste de la manera más eficiente. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respaldan el país con este ambicioso programa, a través de créditos por US$150 millones. En 2019 se culminó el proceso para conseguir este dinero y, un año después de concretarlo, el Gobierno alista motores para sacar a campo a miles de trabajadores.

“El trabajo de campo y el fortalecimiento tecnológico se llevan gran parte de los recursos. A nivel de entidades, de los US$150 millones, la mayoría está en el Igac y la Agencia de Tierras”, explicó la subdirectora del DNP.

En medio de este proceso, hubo una decisión que pasó desapercibida, pero que será determinante para el éxito del proceso. El catastro se convirtió en un servicio público, con lo cual las entidades territoriales pueden habilitarse para gestionar el catastro en su territorio. Así las cosas, entre más actores participen, más rápida será la recolección de los datos.

Multipropósito

Lo anterior es fundamental para este proceso, más cuando se trata de un plan multipropósito. Hasta hace unos años, las fotos de catastro se utilizaban netamente para aumentar el recaudo por impuestos. En esta ocasión, la intención va más allá.

“Queremos ‘destributizar’ el concepto de catastro multipropósito. Nosotros veníamos con un país que pensaba que el catastro estaba atado al impuesto predial. Y si bien es la fuente fundamental para adoptar procesos de actualización de tarifas del predial (...), tener esta información actualizada es fundamental para que podamos tener un croquis de focalización de políticas públicas de todo el país”, explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

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En la práctica, la base de datos les permitirá a los municipios elaborar con mayores elementos sus planes de ordenamiento territorial. También, actualizar el uso y la propiedad de la tierra, lo cual se traduce en mayores titulaciones de predios. Esto se podrá concretar después de 2025, cuando ya toda la información esté al día.

Por lo pronto, el Gobierno tramita las vigencias futuras para asignar los principales procesos contractuales de levantamiento de información cartográfica, además de la infraestructura tecnológica de los datos que se van a recolectar.

Que un país sepa realmente cuánta tierra tiene, cómo está dividida, quiénes son los dueños y si es o no productiva, se vuelve una mina de oro para los gobiernos, de cara a políticas públicas para restitución y titularización.

La tarea no es sencilla, pero sí tiene un costo-beneficio de gran calado. Por eso, 2021 será determinante, si se tiene en cuenta que, con o sin pandemia, comenzará la operación masiva de levantamiento de información.

Para esto, el Dane y el comité de entidades que se prepara para ese momento ya tienen diseñada una hoja de ruta, en caso de que se presenten riesgos en el terreno. No hace falta ser un genio para saber que poner al día la foto del catastro pisa algunos callos y, por ende, puede convertirse en una política de alto riesgo.

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Sin dudas, tener el inventario de los predios se convierte en una de las piedras angulares para la construcción de paz en Colombia. A pesar de lo anterior, la tarea no será sencilla y requerirá de la articulación constante del Estado y la fuerza pública.

Eso sí, de lograrlo, el país tendrá mayores beneficios a mediano y largo plazo. Esa debe ser la apuesta.

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