Proyecto de pago a plazos justos pasa a conciliación para ser ley

Durante el primer año, el plazo para que las empresas grandes paguen a las mypimes será de 60 días; a partir del segundo año el plazo será de 45 y se otorgarán incentivos a quienes paguen en 30 días.

La vigilancia de que esta ley sí se cumpla quedará a cargo de la Superintendencia de Sociedades y no de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según el representante Mauricio Toro, autor del proyecto, el pago de las deudas puede superar los 180 días, lo cual pone en riesgo el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas que generan 8 de cada 10 empleos nuevos, representan más del 96% de empresas del país y generan el 40% del PIB de la Nación.

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Sin embargo, hay empresarios que no apoyan la norma porque va en contra de la libertad de empresa y mercado. También, porque, aunque una empresa sea grande, no significa que tiene más liquidez ni una optimización de capital de trabajo suficiente para poder atender su cadena de proveedores en ese tiempo inmediato.

Según los empresarios, existen múltiples ejemplos donde estos tiempos son insuficientes de acuerdo a los ciclos de negocio y no se han medido de ninguna forma para formular este proyecto de ley ni su legislación será aplicable para empresas con clientes que exporten restándole competitividad al país vs. otras legislaciones.

La senadora Paloma Valencia manifestó que con este proyecto las empresas grandes solo le comprarían a las grandes y le cerraría las puertas a las pequeñas empresas.

De otra parte, entre los argumentos en contra de la norma está que los sectores afectados por la covid-19 no van a poder cumplir con los pagos ya que muchas empresas se vieron afectadas por un cese temporal de operaciones que ha venido afectando cada vez más sus ingresos.

Un empresario manifestó que este proyecto no tuvo en cuenta la realidad económica del país. Además, en varias oportunidades les propuso a los congresistas la no intervención de mercado e incentivos tributarios que se han visto en otras economías.

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Hay que señalar que Colombia es uno de los países con menor inclusión financiera en términos de crédito.

Por su parte, el Banco Mundial en un informe indicó: “Existen experiencias en otros países en donde requerimientos similares llevan a la informalidad en la practicas de facturación”.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, no recomienda la intervención de mercado ya que no se saben los efectos que esto pueda tener a futuro.