| 9/5/2017 12:01:00 AM

Dictámenes de invalidez de trabajadores generan controversia en Colombia

Un proyecto de ley busca cambiar la forma en la cual operan las Juntas Médicas que dictan la incapacidad e invalidez de los trabajadores que sufrieron alguna enfermedad o tuvieron algún accidente.

Este proyecto surge debido a las presuntas irregularidades que se han presentado en este sistema y que habrían afectado la vida de cientos de personas.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda a quienes se oponen al proyecto al considerar que está “politizado” y responde a intereses particulares de los sindicatos que están haciendo una norma “a su medida”.

Para el socio director de la Unidad de Derecho Laboral de Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, Camilo Cuervo, de aprobarse este proyecto de ley hasta una gripa sería excusa para no retirar a un empleado que no cumple con sus funciones.

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Lo que se quiere, a su juicio, es “lograr decisiones fáciles” en torno a los temas de invalidez, los cuales según él cuentan hoy en día siguen altos estándares de excelencia.  

 Por medio de este proyecto de ley se propone redefinir la forma en la que se reconoce la enfermedad laboral y la pérdida de capacidad de los trabajadores ante las llamadas Juntas Médicas.

Esta normativa se da debido a que las entidades encargadas de emitir la invalidez o la pérdida de capacidad laboral supuestamente no brindan garantías plenas a los trabajadores al dilatar los procesos de manera “injusta”.

“Al punto de que se ha tornado insostenible tal situación, los trámites previstos en la actual normativa tardan en no pocas ocasiones, entre tres y cuatro años”, denunciaron los ponentes.

Los ponentes dicen que los trabajadores han denunciado que al sufrir un accidente o padecer alguna enfermedad asociadas al trabajo, las Juntas Médicas se pueden demorar hasta 360 días para recibir un concepto para que les den licencias o reciban atención médica

Así mismo, también denunciaron que las EPS tienen fuerte influencia sobre los médicos que hacen parte de las juntas, obligándoles a definir como “enfermedades comunes”, problemas asociados a enfermedades laborales, forzando a que no se reconozcan afectaciones físicas o psicológicas producidas por las labores que realizan algunos trabajadores.

En resumen, los ponentes denuncian que en la actualidad no se dispone de los “mecanismos objetivos e idóneos” para “el pago de las prestaciones económicas a que tienen derecho” los trabajadores.

“Siendo que las juntas de calificación de invalidez no están debidamente reglamentadas, funcionan de facto como operadores de actores financieros dominantes en el sistema de salud y protección social (…)”, añade el documento.

Esta situación, de acuerdo al análisis, ha derivado en que actores dentro del sistema como las ARL y EPS controlen la decisión de la calificación, “siendo juez y parte en la misma”.

“Con lo cual, el principio del debido proceso y la transparencia en la calificación adolezcan de garantías”, afirman.

La iniciativa del senador de Polo Democrático Alternativo, Alberto Castilla, tiene como objetivo “armonizar, organizar y garantizar el derecho al debido proceso” de los trabajadores que se vean afectados en su integridad física y/o mental.

“No es justo que trabajadores que han entregado buena parte de sus vidas para enriquecer empresas, hoy debido a las extenuantes labores y altos riesgos a los que se ven expuestos, sean mal calificados y expulsados de sus trabajos”.

Así lo expresó el senador Alberto Castilla quien añadió que debido a las fallas en el sistema hoy muchos trabajadores tienen que “vivir en condiciones indignas y enfermos”.

El proyecto de ley fue radicado este 30 de agosto por el senador junto con  unos 80 trabajadores de distintas regiones y varios representantes de la industria.

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Varios de los presentes se manifestaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá pues denuncian que han sido expulsados de sus trabajos por malas calificaciones emitidas por las juntas médicas, dejándolos sin posibilidades laborales y sin un sustento económico.

“Es preocupante que los trabajadores tengamos que llegar a estos extremos, tener nosotros mismos que presentar nuestros proyectos para que nos escuchen”, criticó un trabajador afectado por la empresa Drummond.

El proyecto de ley establece que las Juntas Médico Laborales de Calificación tendrán que “asegurar y garantizar” los derechos de las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración “cualquier clase de motivación subjetiva”.  

“Los miembros de las Juntas Médico Laborales de Calificación están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en sus actuaciones relacionadas con la determinación de la pérdida de la capacidad laboral, del origen y de la fecha de estructuración”, añade.

Se calcula que en Colombia se presentan 2.059 accidentes de trabajo al día en promedio, es decir 85 accidentes cada hora, los cuales cobran en promedio dos muertes al día.

De la totalidad de accidentes que se presentan en un día no se califican 133 accidentes y se reconoce incapacidad a penas en 42 de los casos, según datos del Ministerio de Trabajo citados en el proyecto de ley.

Estos datos, según el documento, “evidencian los niveles precarios de promoción y garantía de seguridad en el trabajo, así como los niveles de vulneración de derechos a los que están sometidos millones de trabajadores afiliados a una Administradora de Riesgos Laborales (ARL), los cuales ascienden a 10.037.000 de personas”.

Las críticas al proyecto

Fuentes cercanas al sistema de Juntas Médicas dijeron a Dinero que el proyecto de ley tiene un fin político y un espíritu sindical.

“Como estamos en campaña (política) y no tenemos dolientes, las leyes pasan aprobadas y nadie se da cuenta”, denunció.

Afirmó que de aprobarse esta ley se perdería la rigurosidad técnica con la cual se eligen en la actualidad los Juntas Médicas, las cuales empezarían a definirse “a dedo” y no por medio de evaluaciones como se hace hasta ahora.  

“La intención del Gobierno y del Polo es tratar de politizar la elección de esos funcionarios”, afirmó la fuente que prefirió no revelar su nombre.

Aseguró además que por medio de este proyecto los trabajadores podrían extralimitarse, al punto de cobrar por situaciones que no lo ameritan, afectando así las finanzas de las ARL.

¿Quién tiene la razón?

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