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| 10/1/2020 8:31:00 AM

Piden más plazos y aclaraciones para los protocolos de protesta social

La Alcaldía de Bogotá, el Gobierno nacional y el de Cundinamarca pidieron al Tribunal Administrativo del departamento un plazo de 60 días para acordar los nuevos protocolos de las marchas y llegar a nuevos acuerdos sobre el uso de la fuerza en las protestas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó a los Gobiernos de Bogotá y el departamento, junto al nacional, estructurar los nuevos protocolos de atención y uso de la fuerza en las manifestaciones sociales.

Al mismo tiempo, soluciones de corto, mediano y largo plazo para que no se repitan eventos como los del 9 de septiembre, que terminaron con la vida de Javier Ordóñez, actos de vandalismo en instalaciones de la Policía Nacional y la muerte de personas por disparos de la fuerza pública.

Ante estos, los gobiernos han realizado mesas técnicas en las que buscan definir un protocolo nuevo, pero los plazos no fueron suficientes y en las últimas horas pidieron una extensión de 60 días para definirlos.

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Para cumplir de manera consistente lo ordenado por el Tribunal de Cundinamarca y la Corte Suprema, acordamos con el Gobierno nacional solicitar una prórroga y aclaración para llegar a los protocolos que garanticen protesta sin infiltraciones y ejercicio legítimo de la fuerza”, dijo la alcaldesa Claudia López.

La solicitud también llega al Tribunal para que el trabajo sobre el protocolo sea consistente y no viole los derechos que define la Constitución Política.

“Es francamente imposible llegar a ese protocolo que regula además derechos fundamentales y que eventualmente requeriría normas de carácter estatutario”, explicó López.

Otra de las razones que se han revelado tras las mesas de trabajo, es que para cumplir por el plazo definido por el Tribunal, se quería expedir una resolución de orden nacional desde el Gobierno de Iván Duque, que definía acciones particulares que algunos sectores han definido como “antiprotesta”.

En esta posible resolución se ordenaba el no uso de capuchas en las manifestaciones, así como la posible adquisición de una póliza de seguro para quienes desearan participar de las movilizaciones, medidas rechazadas por un amplio sector político y la misma Alcaldía de Bogotá.

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Sobre esto, el senador Carlos Felipe Mejía preguntó en su cuenta de Twitter si el rechazo de estas medidas iba en contra del accionar de la fuerza pública, señalando: “¿acaso la alcaldesa López busca que las autoridades no logren identificar a los vándalos?”.

Otra motivo para pedir plazos al Tribunal de Cundinamarca, es poder avanzar en la reglamentación del tipo de armas y elementos con los que contaría la Policía Nacional y el Esmad para atender las manifestaciones cuando haya desorden público, después de que la Corte ordenara que se prohibiera el uso de la escopeta calibre 12.

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