Piden suspender la auditoría para recobros del sistema de salud

Dice el Ministerio Público, que  la unión temporal ha sido multada en cuatro oportunidades y se declaró el incumplimiento parcial de la mayoría de las obligaciones;  por lo que debe ceder o renunciar al contrato para evitar la violación del ordenamiento jurídico y la afectación del derecho fundamental  a la salud de los colombianos.

Cabe recordar que los recobros se refieren a pagos a prestadores de salud por servicios que no están cubiertos por la Unidad por Capitación (UPC). Según el más reciente informe de rendición de cuentas de Adres, solo en el marco del acuerdo de punto final se pagaron recobros por $5,18 billones. Solo a junio del año pasado ya había 6,47 millones de solicitudes de este tipo por un valor de $2,3 billones. Este es uno de los temas claves para la sostenibilidad financiera del sistema.

Por las  presuntas irregularidades, el órgano de control abrió investigación disciplinaria a las directoras de otras prestaciones de la Adres, Laura Beltrán Ochoa, y de gestión de recursos financieros en salud, Marcela Brun, y a la asesora de la dirección general (E), Carmen Rocío Rangel, quienes  podrán solicitar ser escuchadas en versión libre.

Ante esta  situación, el ministerio Público, por intermedio de la Delegada para la Salud, la Seguridad Social y el Trabajo Decente,  convocará mesas de trabajo en las que podrán participar la Adres, la Unión Temporal Auditores y la firma interventora del contrato.

El contrato 080  de 2018 de la Unión Temporal de Auditores  tiene por objeto “la auditoría integral en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios a cargo de la Unidad de pago por capitación, UPC", explica la Procuraduría.

Al igual, adelanta  reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

A su vez, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas  para determinar las presuntas faltas disciplinarias, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el perjuicio que se habría causado a la administración Pública.