Procuraduría investigará presuntos incrementos en servicios públicos

La Procuraduría General de la Nación busca establecer los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial durante la emergencia de la covid-19. También busca determinar si hubo estrategias para garantizar que la facturación correspondiera a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por el covid-19.

La indagación se da por las quejas que recibieron de varios usuarios por presuntos cobros injustificados en la facturación de servicios públicos y hace parte de la vigilancia especial que adelanta el ente de control a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos

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Además, la entidad trasladó a la Superintendencia Delegada de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía y Gas las quejas formuladas contra Codensa y/o Enel, por la facturación a los usarios de Bogotá de valores que no hacen parte del servicio, además de costos con incrementos que no estarían justificados.

También dio traslado de la quejas contra Celsia S.A. ESP, en Tolima, y remitió quejas contra funcionarios por determinar de Emcali, en el Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cartago por presuntos cobros excesivos de los servicios.

En lo corrido del 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha impuesto multas por $45.157 millones a 72 empresas de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, al comprobarse incumplimientos a la normatividad vigente.

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En total, 27 de los multados son prestadores de energía; 20 de gas, 11 de acueducto; alcantarillado y aseo; siete de acueducto y alcantarillado; seis de aseo y uno de acueducto y aseo. Las multas son resultado de procesos de investigación iniciados por la Superintendencia entre el 2016 y el 2019.

Las principales razones de las multas son incumplimientos a indicadores de calidad de agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias; también por fallas de continuidad en la prestación, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros.