| 6/14/2018 4:21:00 PM

Procuraduría abre nuevas investigaciones y formula pliegos por irregularidades en el PAE

La Procuraduría General inició investigaciones contra dos gobernadores, indagación preliminar a dos funcionarios de una alcaldía y le abrió pliego de cargos a un gobernador encargado por nuevas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Ante los nuevos hallazgos de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la Procuraduría General anunció este jueves nuevas acciones en tres departamentos y una capital.

Por un lado, el gobernador actual de Norte de Santander, William Villamizar Laguado; su secretaria de Educación, María Fabiola Cáceres, y la gobernadora encargada, Sonia Arango, serán investigados por “presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE por un monto superior a los $51.000 millones”.

De acuerdo con la información preliminar de la Procuraduría, la Gobernación de Norte de Santander adjudicó convenios mediante contratación directa, omitiendo la debida convocatoria pública y posiblemente seleccionando al contratista de manera “sesgada y subjetiva sin tener en cuenta su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual”.

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Por su parte el gobernador encargado de Putumayo, Oscar Darío Mallama, su secretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y al jefe de la Oficina de Contratación, José Luis Moreno Lozano, recibieron pliego de cargos, por “presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900 millones, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017”.

La Procuraduría explicó que, presuntamente, la Gobernación no habría contado con los estudios técnicos y financieros necesarios para determinar el presupuesto y sustentar el valor de la licitación del contrato que se le asignó a la unión temporal El Putumayo Somos Todos 2017, conformada por Seval Logística y la Fundación SAC Colombia.

Dicha irregularidad habría terminado en sobrecostos por más de $26 millones en el precio de las raciones de alimentos que se entregaban a los estudiantes beneficiados por el PAE, así como una reducción de los menores que efectivamente recibían la ración.

La Procuraduría agregó que también investiga si “los pliegos de condiciones contaban con reglas objetivas, justas, claras y completas que aseguraran una selección imparcial del contratista, y la solicitud de la utilización de un sistema biométrico para controlar el número de menores atendidos, exigencia que habría limitado la inscripción de oferentes y generado, aparentemente, un direccionamiento en la contratación. Esa herramienta en la práctica no fue utilizada por la empresa seleccionada”.

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Además, pese a que era una obligación del contrato, la Gobernación habría ofrecido un puntaje adicional para aquellos oferentes que presentaran una propuesta con análisis microbiológico de la calidad de los alimentos, lo que según la Procuraduría podía limitar la cantidad de oferentes que se presentaron.

Además, la entidad advirtió que “se investigan las condiciones generales del proponente escogido, y si las empresas que la conforman cuentan con la capacidades jurídicas y financieras, y las condiciones de experiencia y de organización necesarias para ejecutar un contrato como el adjudicado, que tenía como objetivo beneficiar a 57.729 estudiantes del departamento”.

Por último, la Procuraduría anunció indagaciones preliminares contra dos funcionarios de la alcaldía de Cartagena, Bolívar luego que la Secretaría de Educación de dicha ciudad declarara desierta la licitación para el PAE de la misma en 2018.

La entidad explicó que le solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso de contratación que terminó declarado como desierto y un informe detallado de la situación actual y el plan de ejecución del PAE en la ciudad.

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