De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la falta de Oneida Pinto y sus tres exfuncionarios es gravísima, a título de culpa gravísima.

Los exfuncionarios a quienes también se les formularon cargos por este caso son Bely Géneco, quien era secretaria de Educación; Gilbert Meza Cerchar, como director operativo en ese momento, y Gerardo Cujia Mendoza, entonces profesional universitario de la administración departamental.

La Procuraduría advirtió que tanto la exgobernadora como los exfuncionacionarios habrían llevado a cabo la “licitación Pública 033 de 2015, al parecer, con desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, teniendo en cuenta que dicho proceso incluyó condiciones restrictivas a la libre concurrencia de oferentes y la selección objetiva, relacionadas a la experiencia y la capacidad financiera”.

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Dicha licitación es un contrato por $20,453 millones que tenía como objetivo la implementación de estrategias de aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para desarrollar el sector educativo de La Guajira, mediante un corredor digital.

Dicho corredor, cuya ejecución era de 12 meses desde el 23 de marzo del 2016, debía pasar por los municipios de Distracción, Fonseca, Maicao, Riohacha, Barrancas y San Juan del Cesar. Además, le fue asignado a la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), cuyo representante legal en ese momento era Juan Carlos Ángeles Cáceres.

De acuerdo con la Procuraduría, en el caso habría ocurrido una “posible restricción probablemente ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la más favorable”.

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De acuerdo con el contrato firmado entre Oneida Pinto y Juan Carlos Ángeles Cáceres, la Gobernación debía entregarle 30% al momento de la entrega de los suministros y antes de una primera presentación del informe de actividades o de la certificación del interventor.

El otro 60% del contrato debía desembolsarse cuando el contratista entrega el 100% de las instalaciones del proyecto y el último 10%, una vez el contratista terminara de prestar el servicio de conectividad a internet.

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