Este jueves la Procuraduría General le abrió pliego de cargos a Arturo Adolfo Dajud Durán, como delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Andrés Escobar Arango, como delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;  Luis Fernando Mejía Alzate, como representante del accionista mayoritario; Juan Luis Hernández Celis, como representante del Gobierno Nacional y Luis Eduardo Gómez Álvarez, César Pardo Villalba, Francisco Estupinán Heredia, como miembros independientes.

Los siete exintegrantes de la Junta Directiva del Banco Agrario participaron de la reunión en la que se habría aprobado el desembolso de un crédito de $120.000 millones al consorcio Navelena, cuyo socio mayoritario era Odebrecht.

Sin embargo, Luis Fernando Mejía señaló este jueves que hasta el momento no había sido notificado de la decisión de la Procuraduría pero que está tranquilo con el curso que lleva el proceso, pues sabe que la aprobación del crédito se dio en medio de condiciones técnicas y transparentes.

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De acuerdo con la entidad, quienes participaron en la reunión de junta directiva del pasado 12 de noviembre del 2015, aprobaron la operación financiera pese al estudio de riesgo reputacional que tenía Navelena tras la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht y otros empleados de la firma constructora.

La Procuraduría también le formuló cargos al expresidente de la entidad financiera, Francisco Solano Mendoza; a las exvicepresidentes de Crédito y Cartera, Gloria Marcela Ferrán Muñoz y de Banca Comercial, Mónica Santamaría Salamanca y al gerente de Cuenta en Banca Empresarial – Gerencia Regional Bogotá, Omar Arturo Páez Forero.

Por su parte, los miembros del Comité de Crédito Delegado del Banco Agrario le habrían recomendado a la junta directiva que aprobara el crédito pese a la situación ya conocida de quien era el mayor accionista de Navelena.

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Según la Procuraduría “los funcionarios tenían el deber de realizar el análisis del cliente, no obstante, recomendaron la aprobación del crédito sin haber valorado adecuadamente que el socio del Consorcio Navelena, la Constructora Norberto Odebrecht Colombia Ltda., se encontraba en causal de liquidación para la fecha en que se solicitó el crédito; esto, unido a que Navelena S.A.S. presentaba pérdidas acumuladas del orden de $226,6 millones y un nivel de endeudamiento del 99%”.

La situación llevó a que la entidad de control calificara como “gravísimas” las actuaciones de todos los implicados en el desembolso del crédito del Banco Agrario al consorcio que se había comprometido con la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena.

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