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| 11/12/2020 12:01:00 AM

¿Por qué no se debería aumentar el salario mínimo?

La concertación del salario mínimo que regirá para 2021 es una prueba de fuego. El ajuste se deberá evaluar con mesura, si no se quiere acentuar el problema de desempleo e informalidad.

Como es habitual todos los años, en los últimos meses se empieza a calentar el debate en torno al salario mínimo. Si bien aún no comienzan las negociaciones entre empresarios, trabajadores y Gobierno, ya existen algunas propuestas en el aire. El debate está encendido.

Sin duda, las negociaciones para este año se darán bajo un ambiente diferente y serán mucho más complejas que las del pasado, teniendo en cuenta que las medidas de aislamiento que se impusieron para bajarles la velocidad a los contagios del virus pusieron contra las cuerdas a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que son las responsables de la mayoría del empleo formal.

La radiografía es preocupante y hará mucho más compleja la negociación. Luego de casi ocho meses de crisis económica, hoy el desempleo supera el 16% y el promedio de inflación para el año podría ser inferior al 2,5%.

Además, según estimaciones de académicos y diversos centros de pensamiento, la caída en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2020 puede estar entre el 5% y el 9%.

Bajo este telón de fondo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ya lanzó la primera propuesta: un aumento del 15%. Explica que esta sería una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo que han vivido las familias y serviría para aportar a la lenta reactivación. Para los sindicatos, no se puede utilizar el pretexto de la crisis para “congelar” el salario.

No obstante, es claro que la propuesta no le hace justicia al difícil momento que atraviesa el tejido empresarial del país, por lo que los empresarios mostraron su preocupación y explicaron que no se ajusta a la realidad de la economía, al tiempo que consideran que el aumento debe estar alineado con la inflación.

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Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, la propuesta de la CUT no tiene en cuenta la situación de los millones de desempleados e informales del país que necesitan trabajar y agregó que esa central desconoce la situación de las empresas que, en medio de la pandemia, luchan por sobrevivir y no están llegando a su punto de equilibrio.

Este año, más que nunca, la concertación del salario mínimo jugará un papel fundamental, si se consideran los efectos inmediatos que podrían tener en las cifras de desempleo. En este sentido, desde Fedesarrollo alertaron sobre los efectos de encarecer los costos laborales, justo cuando el desempleo se encuentra en niveles tan altos. Incluso explican que la fórmula tradicional para fijar el salario, que consiste en inflación más productividad, tendrá efectos negativos para este caso.

Un documento realizado por la Universidad de los Andes, en el que trabajaron economistas como Marcela Eslava (decana de la facultad de Economía), Marc Hofstetter, Andrés Zambrano, entre otros, explica las razones por las cuales “el país no puede este año, simplemente, seguir inercialmente la costumbre de incrementar el salario en un monto igual a la inflación más un reconocimiento adicional”. Asimismo, abre el debate sobre los eventuales problemas que traerá la aplicación de la fórmula en medio de una recesión tan profunda.

En el estudio se trae a colación el ajuste salarial de diciembre de 1999. Se recordó que en esa oportunidad el Gobierno decretó un aumento del 10%, que equivalía a la expectativa de inflación para el año 2000. No obstante, la inflación de ese año se ubicó en un 8,7%. En consecuencia, se dio un incremento real del salario mínimo por encima del incremento de la productividad y el crecimiento real de la economía.

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“Esa experiencia mostró que el mercado laboral no sale de una crisis de manera inmediata: la crisis del fin del siglo pasado implicó un incremento considerable en la informalidad laboral, un aumento en la tasa de desempleo y pérdida de fuentes de ingreso para los hogares más vulnerables, todos los cuales tuvieron larga duración”, dice el análisis.

Cabe destacar que en esa oportunidad la tasa de desempleo tardó cerca de una década en regresar a los niveles de un dígito.

Si bien hay un fallo de la Corte Constitucional en el que se estipula que, en cualquier caso, el ajuste no puede ser inferior a la inflación del año que expira, los académicos consideran que la aplicación a rajatabla de los parámetros en épocas de crisis, como la actual, puede incluso ser perjudicial para los trabajadores, como ya ocurrió en la crisis de 1999.

Para los economistas, sería deseable que la ley permitiera un ajuste a la baja en contextos de baja inflación y recesión económica.

La situación que atraviesa el país pone en tela de juicio los principios que se vienen aplicando año tras año en las negociaciones del mínimo y que hoy pueden actuar en detrimento del empleo, así como ahondar los niveles de informalidad.

“De no hacerlo, corremos el riesgo de prolongar y agravar la frágil situación de los desempleados y los trabajadores del sector informal, es decir, de la gran mayoría de trabajadores en Colombia”, asegura el documento.

Sin embargo, el reporte de los Andes no solo cuestiona la camisa de fuerza a la que está atada la negociación del salario, también se refiere a los actores que intervienen en la negociación y explica que la decisión de los empresarios, el Gobierno y los sindicatos afecta de manera directa a los desempleados y a los informales.

Esto quiere decir que más del 60% de la fuerza laboral del país no tiene ni voz ni voto en dicha negociación y precisamente estas personas son las damnificadas de un aumento elevado, pues les reduce las opciones de llegar a ganarlo. Es decir, casi todos ellos (informales y desempleados) ganan en la mayoría de los casos mucho menos que el salario mínimo.

Pese a que el ajuste de esta remuneración tendrá un efecto importante en la recuperación del mercado laboral en el corto plazo, no es la solución de fondo.

Evidentemente, el país tiene que abaratar los costos laborales si quiere empezar a bajar la cifra de desempleo, por lo que es más que clara la necesidad de una reforma laboral que flexibilice los términos de contratación, que permita la formalización del empleo y que amplíe los esquemas de protección social.

Ni la concertación del salario mínimo, ni la discusión de una reforma laboral serán una tarea fácil. Por un lado, los sindicatos se oponen tajantemente a la reforma y alegan precarización laboral; por otro, el Gobierno parece no tener ganas de arriesgarse a discutir las condiciones laborales de cara a la época preelectoral. Esto quedó claro con la echada para atrás de un borrador de Conpes en el que proponían eliminar los costos laborales no salariales.

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Aunque la mesa de concertación para el salario mínimo empezará dentro de varias semanas, desde ya deja un mal sabor la distancia que hay entre la propuesta de la CUT y la posición de los empresarios.

No es momento de cerrarse a la banda ni de plantear ideas que puedan acentuar aún más el complejo panorama que vive el país: hoy más que nunca se debe llegar a acuerdos.

Ojalá esta sea la oportunidad para trazar el camino hacia una verdadera política laboral que reduzca la creciente informalidad y que ataje los altos niveles de desempleo que ha dejado la pandemia. La recuperación del mercado laboral no da espera y debe ser la prioridad.

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