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¿Por qué la Corte Constitucional apoyó al Gobierno en el aporte de salud a pensionados?

Hace un año el Gobierno había objetado un proyecto de Ley que aprobó el Congreso y que buscaba reducir el aporte de los pensionados al sistema de salud. Esta semana la Corte Constitucional le dio la razón al Gobierno.

22 de junio de 2018

En un segundo intento por reducir el aporte que hacen los pensionados al sistema de salud desde el 12% actual hasta apenas 4%, el Congreso logró aprobar a mediados de 2017 un proyecto de Ley que ordenaba dicha modificación.

Sin embargo, el proyecto de Ley no contaba con la aprobación del Gobierno, uno de los requisitos que establece la Constitución cuando se trata de proyectos que pueden comprometer las finanzas del país, y de acuerdo con las objeciones del mismo, también habría tenido irregularidades en la votación de su informe de conciliación ya que los proyectos aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado eran diferentes.

Dado que el Gobierno objetó el proyecto de Ley, la Corte Constitucional tenía la última palabra sobre el mismo y para tomar la decisión que publicó esta semana, apenas 6 días antes que se le vencieran los términos para hacerlo, tomó en cuenta los argumentos tanto del Congreso como del Ejecutivo y un concepto de la Procuraduría General al respecto.

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La Procuraduría General le indicó a los magistrados de la Corte Constitucional que, contrario a lo alegado por el Congreso, el Gobierno sí cumplió con los tiempos establecidos para presentar su objeción al proyecto de ley que recibió tras la aprobación del informe de conciliación en la Cámara de Representantes y el Senado.

Además, ambas cámaras habían aprobado el informe de objeciones presidenciales.

Sin embargo, la Procuraduría calificó las objeciones del Gobierno como “infundadas” y agregó que los argumentos del mismo se habrían podido utilizar para que, en lugar de negar el proyecto, este fuera aplicado con una modulación o advertencia de “incidente fiscal”, para no afectar las finanzas del país.

Además, añadió que el argumento sobre el costo que tendría el proyecto de Ley, que el Gobierno calculó en $100 billones durante 20 años, debe ser solucionado en conjunto pues se trata de una falta de herramientas del legislativo para conocer con exactitud la sostenibilidad fiscal del país.

Pero hay otros argumentos que también evaluó la Corte Constitucional. Por ejemplo, que en la Cámara de Representantes se aprobó un proyecto que incluía dentro de la exención tributaria a todos los pensionados, sin importar si se trataba de jubilados de altos ingresos, y el Senado no tuvo la oportunidad de reducir el beneficio únicamente a aquellos de bajos ingresos.

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Además, está el principio de solidaridad del sistema de salud. Es decir, que todos los cotizantes aportan el mismo porcentaje y el valor se incrementa conforme son mayores los ingresos y finalmente todos deben recibir la misma atención. De este modo, los pensionados también deben aportar al sistema y apoyar su sostenibilidad pues es conocido también que tiene un déficit que también será un reto para el próximo gobierno.