Por primera vez Contralora pide ser oída en tribunal

Pocos minutos después de anunciar que saldría temporalmente del país para resguardarse de amenazas contra su vida y de un plan que busca su desprestigio, la contralora general de la República, Sandra Morelli, difundió una carta en la que le pide al Tribunal Superior de Cundinamarca que le permita ejercer su derecho de defensa ante los cuestionamientos recibidos sobre la legalidad y conveniencia de los contratos de arrendamiento de sus nuevas oficinas.

Es la primera vez que la alta funcionaria le pide a un organismo judicial que la reciba personalmente, pues hasta ahora se había abstenido de asistir a otras diligencias judiciales invocando la majestad de su cargo, que únicamente les permite a los jueces pedirle declaraciones certificadas por escrito.

El abogado Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas y actor, junto con el Sindicato de la Contraloría, de la acción popular recordó que recientemente la Contralora se abstuvo de atender una citación relacionada con el cambio de radicación y de competencia de una investigación contra un dirigente político antioqueño cuyas actuaciones en caso de manejo presupuestal está siendo examinada por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara.

Según el accionante, la Contralora no ha atendido personalmente citaciones del Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa y sólo ha respondido los requerimientos por escrito.

“Su ofrecimiento de ir a declarar ante el Tribunal es inane, ni quita ni pone, ya que de todas maneras el magistrado que conoce de la acción popular le iba a pedir que contestara la demanda en su condición de representante legal de la Contraloría. Es un anunció efectista”, dijo Bustos.

En la trastienda de la controversia han ocurrido otros episodios no conocidos, distintos a las amenazas que la Contralora está denunciando. Hernando Turizo Aldana, dueño de un restaurante vegeteriano que funciona en el mismo edificio donde tiene su sede la contralora, ha recibido visitas de altos funcionarios de la Contraloría que le aseguraron que lo harían meter a la cárcel si no cesaba y “rectificaba” sus cuestionamientos y desacuerdo con el manejo que la Contralora le ha dado al proceso de cambio de sede.

Turizo, a cuyo negocio la Contralora se refirió en fuertes términos en un comunicado expedido la semana pasada, le dijo a Dinero que teme verse envuelto en problemas legales a raíz de un testimonio ofrecido para un artículo en el que la revista relacionó los cuestionamientos a los contratos: "No he hablado ni bien ni mal ni con nombre propio de ningún funcionario de la Contraloría. Lo único que he dicho es que el edificio Colseguros es antisísmico y que así esta consignado en sus escrituras públicas. También que la Asamblea de copropietarios le dijo a la Contraloría que podía hacer los estudios sobre el estado de la edificación pero a costa de esa entidad, ya que la ley de propiedad horizontal se lo permite a través de módulos de contribución".