¿Podrá una red social tumbar al senador Eduardo Merlano?

Pasaron nueve días para que el senador del Partido de la U, se pronunciara públicamente mediante un comunicado sobre su inadecuada actuación en Barranquilla cuando se negó a hacerse una prueba de alcoholemia. Además solo tres días después del incidente le apareció una licencia de conducción.

Pero estas faltas no son suficientes para que deje su cargo, porque ni la Constitución Política, ni la Ley Quinta que rige al Congreso, contempla esto como una falta para una sanción o una destitución. La perdida de investidura es la máxima sanción a la que se exponen los congresistas.

La indignación nacional que ha causado este caso llegó al punto que se creó un grupo en Twitter para pedir la renuncia del senador, aseguran que con 50.000 seguidores van a buscar la renuncia del senador del Partido de la U, pero con la recolección de firmas un senador no pierde su investidura (esto aplica para alcaldes y gobernadores), la única vía legal es una demanda ante el Consejo de Estado. De hecho ya hay una en curso y habrá que esperar que prospere.

Según la Constitución política en el artículo 183, una de las fallas para que un congresista pierda su investidura es el tráfico de influencias debidamente comprobado. Es decir, si llega aparecer un audio que permita determinar que el Senador llamó al comandante de la Policía de Barranquilla, el general Óscar Pérez, para que lo dejaran seguir sin practicarse la prueba de alcoholemia o el hecho más grave, que es tipificado en el código de tránsito, que es conducir sin licencia de tránsito.

Proceso jurídico

Según lo publicó recientemente Semana.com un proceso de pérdida de investidura, no sólo es millonario, avaluado por los abogados expertos en casi $300 millones y podría significar la muerte política del congresista.

Cuando se apruebe la Reforma a la Justicia, son varios los cambios en este aspecto. Si al momento de admitir la demanda, hoy el Consejo de Estado tenía 20 días para resolverla, ahora tendrán 40 en cada instancia. Es decir, en la práctica, las pérdidas de investidura ya no serán resueltas en 20 días sino en 80 días hábiles.

Incluso los congresistas han pedido que se contemple una suspensión de un año y no solo la perdida de investidura.

En el proyecto de Reforma hay una ponencia que indica que si el demandante pierde el proceso, tendrá que asumir todos los gastos del mismo.

Son cinco las razones por las cuales un senador puede perder su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

Una persona del común que conduzca sin licencia está expuesta a estas sanciones:

- Inmovilización del Vehículo y Multa de 45 salarios mínimos (para el grado uno de alcoholismo)

- Suspensión de la licencia por dos o tres años, curso de 40 horas, multa por 45 salarios (grado dos de alcoholismo)

- Suspensión de la licencia por 3 o 10 años, curso de 80 horas, y multas por 45 salarios (grado tres de alcoholismo)

- En caso de accidente con víctimas fatales el conductor podría ir a la cárcel

Son varios los aspectos graves en este asunto. Primero el silencio que mantuvo el Senador durante más de una semana y que solo hasta que el General Pérez le aceptaron su renuncia salió a decir que está en todo su derecho de negarse a dejarse practicar la prueba de alcoholemia y no habló ni una palabra sobre su renuncia, lo que llevaría a la conclusión que lo que llevaría a la conclusión que tampoco cederá ante las presiones de 50.000 twitteros. Segundo tres días después del incidente le apareció una licencia de conducción al Senador. Tercero ahora cualquier persona usará el argumento del congresista para no cumplir con los requerimientos de los retenes de la Policía.

El presidente del partido, el senador Juan Lozano Ramírez, dijo varios días después que los senadores y representantes tienen que dar ejemplo del cumplimiento de la ley. “El partido de La U desautoriza y rechaza toda señal de búsqueda de privilegios por parte de un miembro de la colectividad (…) del Congreso debe salir un ejemplo de cumplimiento y acatamiento de la ley”.

Más casos

El periódico El Heraldo, hizo una revisión del registro en el RUNT y en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) estos son los congresistas sin licencia de conducción vigente:

Roberto Víctor Gerlein Echeverría, Partido Conservador

Myriam Alicia Paredes Aguirre, Partido Conservador

Arleth Patricia Casado De López, Partido Liberal

Carlos Eduardo Enríquez Maya, Partido Conservador

Eugenio Enrique Prieto Soto, Partido Liberal

Germán Villegas Villegas, Partido Conservador

Guillermo García Realpe, Partido Liberal

Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal, Partido de la U

Jaime Enrique Durán Barrera, Partido Liberal

José Darío Salazar Cruz, Partido Conservador

José Iván Clavijo Contreras, Partido Conservador

Juan De Jesús Córdoba Suárez, Partido Conservador

Juan Samy Merheg Marun, Partido Conservador

Perfil De Merlano

El Senador que está en el ojo del Huracán es Abogado de La Corporación Universitaria del Caribe, con postgrado en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia, Postgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda y diplomados en derecho Privado y en Finanzas Públicas, además de diversos seminarios en el área de derecho.

Ha desempeñado cargos como asesor jurídico en entidades privadas y también ha sido asesor de unidad de apoyo normativo del Concejo de Bogotá, además de asesor del despacho del Contralor del Distrito de Bogotá y Subdirector de Fiscalización del Sector Educación en esa misma entidad. Diputado elevado a la dignidad de primer vicepresidente de la Asamblea del Departamento de Sucre y para el presente periodo Senador de la República.

Pertenece a la Comisión Séptima del Senado iniciando con la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud del cual fue autor y ponente.