La crisis evidenció la baja educación económica y financiera en Colombia

La crisis generada por el coronavirus contribuyó a acelerar la transformación e inclusión digital, pues ante las medidas de confinamiento muchos colombianos aumentaron o realizaron por primera vez compras por internet, pagos digitales o través del celular. Sin embargo, la pandemia también evidenció las grandes falencias en términos de educación económica y financiera que tiene la mayoría de las personas y pymes del país.

Se ha resaltado, por ejemplo, cómo la creación del programa de ingreso solidario y la compensación del IVA permitió la bancarización de más de 1,2 millones de personas que abrieron por primeva vez una cuenta digital para recibir las ayudas monetarias que brindó el Gobierno con el fin de aliviar los efectos negativos de la covid-19.

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Sin embargo, muchos no conocen que dos de cada tres de los beneficiarios de estas transferencias retiraban el total de los recursos en efectivo ante la desinformación sobre sus posibles usos transaccionales, la ausencia de infraestructura de redes de pago, la poca confianza en estos medios de pago o su alta preferencia por el efectivo.

De la misma manera, recientes estudios muestran que la mayor parte de los microempresarios desconoce los costos reales de la financiación, o que más de la tercera parte utilizó una tarjeta de crédito para financiar el capital de trabajo, algo que no debería hacerse. Adicionalmente, se ha encontrado que el 69% de las microempresas no lleva contabilidad, solo el 10% cuenta con un software especializado y un contador, y el 39% no siempre separa las cuentas del hogar de las del negocio, entre otros hallazgos.

Es decir, las personas y empresas tienen malos hábitos financieros y poca educación financiera. En este aspecto, como en muchos otros, la crisis generada por la pandemia evidenció estos problemas estructurales o de vieja data.

Desde los bajos niveles de ahorro y la falta de planeación hasta la alta desconfianza en el sector financiero. En medio de este panorama, el Gobierno lanzó recientemente la política pública nacional de inclusión y educación económica y financiera (Conpes 4005), con la cual traza la hoja de ruta que seguirá el país en los próximos años para integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y las mipymes para contribuir al crecimiento e inclusión financiera del país.

La política tiene un cambio fundamental, pues pasa de hablar simplemente de facilitar el acceso a los productos financieros a hacer énfasis en que debe buscarse que la gente se apropie de ellos y los use para mejorar su calidad de vida. Es decir, no basta con tener una cuenta de ahorros o depósito para hablar de una verdadera inclusión. Según la Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, mientras en Colombia tan solo el 36,6 % de adultos tenía algún producto de crédito vigente a 2019, en países de la Ocde dicha cifra llegaba al 60 % en 2016.

“Se debe avanzar hacia la integración de los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos, que permitan la apropiación de los productos y servicios financieros, y que al tiempo generen nuevas oportunidades económicas para las personas”, afirma Daniel Gómez, Subdirector del DNP.

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Para alcanzar este objetivo, es necesario mejorar la pertinencia de los productos y servicios financieros, así como reducir la informalidad del crédito, para erradicar temas como los préstamos informales, conocidos como gota a gota.

Se buscará también aumentar las competencias y la confianza para la toma de decisiones económicas y financieras eficientes, a través de la educación económica y financiera en la educación formal y no formal.

Todo esto soportado en el desarrollo de una infraestructura financiera digital adecuada y eficiente, así como en una institucionalidad fuerte para el seguimiento y decisión de las políticas de inclusión y de educación financiera.

Para incentivar el acceso al crédito formal (solo el 25,6% de los adultos tiene acceso a algún crédito formal) se plantea fortalecer el modelo de corresponsales digitales, así como impulsar servicios empresariales alternativos como factoring electrónico, leasing y garantías mobiliarias.

También se buscará incentivar tendencias como el open banking para mejorar los modelos de calificación crediticia en distintos segmentos de la población, así como promover la portabilidad de cuenta.

Además, se plantea aumentar la competencia en el sistema de pagos de bajo valor y dinamizar las fintech, permitiéndoles fondearse a través de Bancoldex.

También se plantea trabajar en programas de educación financiera desde la etapa escolar y crear lineamientos claros estandarizados para los programas de educación económica y financiera no formal.

En fin, son más de ocho líneas de acción con una gran cantidad de acciones. De hecho, uno de los retos en la implementación será generar una gran coordinación institucional, pues se requieren acciones de los ministerios de Hacienda, Educación, Agricultura, Comercio, Comunicaciones y Vivienda, así como otras entidades como la Dian, el DPS y el Dane.

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Esta política se ejecutará durante un periodo de cinco años y tendrá una inversión de $13.162 millones. Sin duda, el gran desafío será su implementación.

Los colombianos no identifican ni aplican conceptos sencillos de economía y matemática financiera. La Encuesta de Carga Financiera y Educación Financiera de los Hogares (Dane, 2018) evidencia que el 40,5% de los encuestados no sabe calcular una tasa de interés compuesto, el 48% tiene dificultades para calcular una tasa de interés simple y el 60,3% no logra identificar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos causada por la inflación.

Los efectos económicos que ha dejado la crisis muestran que es indispensable que la sociedad tenga los conocimientos suficientes para manejar sus finanzas y convertir la educación financiera en una cuestión prioritaria.