| 12/5/2018 12:01:00 AM

El plan de Mintransporte para acelerar las 4G

El Ministerio de Transporte busca acelerar el desarrollo de las obras de 4G. Ya tiene lista la hoja de ruta para destrabar los proyectos.

El caso de corrupción de Odebrecht sacudió los cimientos de uno de los programas más ambiciosos de infraestructura del país: las concesiones de Cuarta Generación (4G), cuyas inversiones superan los $40 billones en más de 30 proyectos a lo largo del país que buscan superar el rezago que en materia de vías tiene Colombia.

Este tsunami no solo afectó las estructuraciones financieras de los proyectos, sino que también generó prevenciones en las entidades públicas, a tal punto que las tomas de decisión empezaron a demorarse o a no reconocer impactos en los desarrollos de las obras.

Por ejemplo, se recuerda el hecho de un concesionario al que grupos al margen de la ley le quemaron maquinaria amarilla por $20.000 millones. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estructuró un eximente de responsabilidad para la obra pero que solo se declaró en los metros cuadrados donde estaba ubicada la maquinaria, cuando obviamente el hecho afectó toda la unidad funcional y el desarrollo del proyecto.

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Como señaló Ángela Orozco, ministra de Transporte, “había una parálisis en las decisiones de ejecución porque la estructuración y conceptualización estuvo muy bien, pero la ejecución no tan bien, de lo contrario no hubiéramos tenido tantos tribunales”.

Foto: Ángela Orozco, ministra de Transporte. Dinero

Por esta razón, el nuevo Gobierno decidió buscar los mecanismos para acelerar el desarrollo de las obras y reactivar las 4G, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.

En ese sentido, la Vicepresidencia y el Ministerio de Transporte lanzaron una nueva política que regirá para los megaproyectos de infraestructura: por un lado, se creará un comité intersectorial que priorice los temas transversales que tienen “embotellados” algunos de los proyectos 4G, especialmente los que tienen que ver con tratamiento de predios, plazos legales, servicios públicos, temas de orden público, así como problemas sociales, ambientales y de comunidad; y, por otro, se presentará la plataforma tecnológica Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI) para que los ciudadanos puedan hacer seguimiento de las obras en las regiones.

Uno de los temas clave está relacionado con los eventos eximentes de responsabilidad que si bien están incluidos en los contratos y contienen cláusulas para reconocerlos frente al incumplimiento de las obligaciones allí contenidas, “no existe unicidad por parte de los interventores, los concesionarios y la gestión contractual de la ANI, en cuanto a su entendimiento y aplicación. Por lo anterior, se requiere adoptar medidas para unificar los criterios que deben orientar esta institución, cuando quiera que la realidad de ejecución contractual implique su aplicación”, dice el documento presentado por el Ministerio de Transporte.

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Algunos de los aspectos respecto de los cuales no existe claridad en este sentido corresponden a la identificación de las situaciones en las que se configura un evento eximente, el término en el que debe notificarse a la ANI, el tratamiento de hallazgos arqueológicos y el tratamiento de los tiempos relativos a la gestión ambiental, predial y de redes.

Dentro de las aclaraciones algunos de ellos corresponden a la definición de plazos o procedimientos; y otros a la aplicación de la ANI “a situaciones específicas, a la luz de las normas legales en la materia y de los pronunciamientos jurisprudenciales y de tribunales de arbitramento que han definido los elementos que deben concurrir en una situación, para ser consideradas como tal”.

El primer triunfo de esta política ya se dio, con el cierre financiero de la Ruta del Cacao, proyecto de la segunda ola que presentó ante la ANI el contrato de crédito por $1,68 billones, en un proyecto cuya inversión total asciende a $2,1 billones. Esta obra necesitaba un eximente de responsabilidad que dependía de la ANI. Una vez entregado, la banca, en especial la multilateral, avanzó en la estructuración del cierre financiero definitivo.

Para la ministra Orozco esto puede dar un norte que diga qué hacer en materia de ampliar plazos, mejorar la gestión o buscar distintas soluciones en las que los organismos de control los acompañen.

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Destrabar la agenda de las 4G, no será una tarea fácil para el Gobierno. De los más de 30 proyectos, 14 de ellos tienen cierre financiero definitivo, y es muy posible que al menos dos no continúen con su desarrollo; además la agenda jurídica está envolviendo al sector: al 31 de octubre de 2018, la ANI tiene 34 tribunales arbitrales, de los cuales 10 corresponden a 4G; en amigable composición se encuentran 8 asuntos en trámite, de los que 6 son de 4G –4 asuntos son de un mismo proyecto vial- y en trámite sancionatorio administrativo hay 107 procesos activos, de los cuales 39 son proyectos de 4G.

Dos hechos enmarcan la importancia para destrabar estos proyectos: uno de corto plazo, en su impacto sobre el crecimiento económico del país que hoy atraviesa dificultades fiscales y en el que es necesario atraer más inversión. Y otro de mediano y largo plazo, en donde servirá de ejemplo –si todo sale bien- para el desarrollo de nuevos proyectos y no caer en los mismos errores, y en darle un mejor escenario de competitividad al país.

Los retrasos

Las limitaciones ambientales y los procesos prediales se están reflejando en los retrasos. En los aspectos ambientales y sociales “para 2017 se debían entregar ocho unidades funcionales de seis proyectos, de los cuales el 87,5% tienen pendiente la aprobación del cierre ambiental”, dice el documento del Mintransporte.

En el caso predial, a 30 de septiembre de este año, la situación para 9 proyectos de la primera ola en cuanto a disponibilidad es del 65,82%, pero solo el 29,07% está escriturado. En la segunda ola los predios con disponibilidad corresponden al 35,73%, mientras que el porcentaje de los escriturados es de apenas el 3,62%. Y entre las iniciativas privadas, los disponibles son el 22,62%, mientras que los escriturados son el 5,24%.

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