Contraloría vs petroleros, el nuevo round por el fracking

Este martes en dos escenarios diferentes el contralor General, Edgardo Maya, y los líderes gremiales de la industria petrolera defendieron sus posiciones sobre la implementación del fracking en Colombia.

Por un lado, el contralor General, Edgardo Maya, pidió al Gobierno que suspenda la implementación del fracking en el país, al considerar que todavía no hay la institucionalidad suficiente para evitar o mitigar los riesgos ambientales.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, advirtió que no entiende cómo el contralor puede pedir que se suspenda una actividad que no ha iniciado en el país, pese a que durante los últimos 10 años el Gobierno y el sector privado se han dedicado a estudiar la posibilidad de explotar los llamados “yacimientos no convencionales”.

Relacionado: Fracking: llegó la hora de las decisiones

Dicha experiencia de una década, agregó Lloreda, permite que Colombia esté lista para nuevos métodos sostenibles de explotación de petróleo y gas que le permitan aumentar sus reservas, garantizar la autosuficiencia energética y contribuir fiscalmente a las cuentas del Estado.

Para el contralor, “si bien el país tiene un potencial recuperable de este tipo de recurso natural, aún falta información técnica precisa, dado que persisten vacíos en estudios de detalle y datos insuficientes sobre la línea base ambiental, que permitan eventualmente promover su aprovechamiento de manera sostenible, principalmente frente a los riesgos de afectación del recurso hídrico superficial y subterráneo, junto al adecuado manejo de los riesgos asociados a esta técnica”.

Lloreda respondió que desde hace 10 años en Colombia se han llevado a cabo estudios y análisis que garantizan la sostenibilidad de este tipo de explotación y ahora solo se necesita que las petroleras inicien la fase de exploración para comprobar cuántas reservas podría tener el país.

El presidente de la ACP también advirtió que este tipo de actividad en yacimientos no convencionales no solo es necesaria para garantizar la autosuficiencia energética, sino la sostenibilidad fiscal del país.

Lloreda destacó que para la próxima década, se calcula que Colombia produciría 800.000 barriles diarios de crudo cada año, equivalentes a un ingreso de 0,2% del PIB. Pero esa producción no está garantizada.

Le puede interesar: Cómo quedaron las nuevas reglas de la ANH para la exploración

Y añadió que si dicha producción petrolera no se presenta, las empresas del sector no podrán pagar los suficientes impuestos ni regalías, mientras que los dividendos disminuirían y dicho faltante de recursos tendrían que compensarlo los colombianos vía mayores impuestos.

Los gremios del sector señalaron que esta posibilidad debe ser debatida y analizada por el Gobierno, la sociedad civil y las empresas con la ayuda de la información que tenga el rigor técnico académico necesario, por lo que mostraron su preocupación por la desinformación actual.

Por su parte la Contraloría pidió que el Gobierno imponga una moratoria “hasta tanto el país cuente con la capacidad institucional y el conocimiento científico, así como una cartografía geológica de detalle y reciente que le permita a las entidades y los titulares de los contratos conocer las particularidades del territorio, acordes a su biodiversidad y las características del subsuelo en cuanto a la tectónica y sismicidad”. Los gremios utilizaron el ejemplo de otros países como Argentina y Canadá, que llevan varios años ejecutando el fracking sin efectos sobre su medio ambiente. 

Le sugerimos: ¿Colombia debería implementar el fracking?