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El paro de las Salinas de Manaure cumplió 116 días | Foto: Gobernación La Guajira

NEGOCIACIONES

Wayúus levantarán este domingo el paro en Manaure

Tras llegar a un acuerdo bajo las normas indígenas entre la Gobernación de La Guajira y los Wayúus, el paro de las Salinas de Manaure se levantará este domingo para regresar a la actividad normal el próximo martes.

17 de junio de 2017

La Gobernación de La Guajira y los Wayúus en paro acudieron a abogados de dicho grupo para lograr el acuerdo entre las partes, que fue firmado según la tradición indígena y comunicado a los demás trabajadores de la salina por comunicación oral.

El gobernador, Weilder Guerra, se reunió con los voceros indígenas del paro el pasado viernes en la tarde y les pidió que, tras 116 días de paro, acudieran al diálogo con los encargados de operar las Salinas de Manaure para lograr “una salida definitiva”.

Guerra le explicó a Dinero que durante los 116 dìas, se habían realizado reuniones que “estaban en un punto muerto, el diàlogo estaba radicalizado” y por esta razón los ancianos de los dos grupos Wayuú involucrados llamaron al gobernador quien asisitió a una reunión que tardó cerca de seis horas y dio como resultado el acuerdo de diez puntos para levantar el paro.

El domingo los Wayúu se retirarán de los dos puntos de Manaure que se habían tomado y el martes empezará el proceso de reinicio de actividades en la misma, así como el funcionamiento de las mesas de diálogo entre los voceros de los trabajadores y de la empresa.

Guerra agregó que entre las peticiones de los indígenas de la zona están una interventoría o especie de diagnóstico sobre las inversiones que se han hecho en la región y las que se requieren ahora; la promoción y reactivación de la cosecha artesanal; negociaciones para reforzar la institucionalidad de Sama, la empresa indígena que también tiene acciones sobre la Salina de Manaure, y en la misma dirección que los diálogos entre trabajadores y empresa incluyan la posibilidad de que sea Sama la que expida el certificado de origen.

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Otros proyectos que el gobernador considera viables y que ayudarían a evitar un nuevo paro en Manaure son fortalecer la agricultura, la cría de animales y la pesca con recuperación ambiental del mar para que la economía de la región no dependa exclusivamente de la operación de la Salina.

Durante los diálogos que empezarán el martes, el gobernador Guerra advirtió que se necesitará el acompañamiento del Gobierno como garante, en un proceso que permitirá la recuperación económica de la región que se paralizó durante cerca de tres meses.

El paro de Manaure

Las Salinas de Manaure son la principal fuente de empleo de la Alta y Media Guajira y de ella dependen unas 8.000 familias y las tensiones no son nuevas.

Las dificultades en la operación y los errores administrativos del pasado condujeron a que Sama, en 2014, se acogiera a la ley de reestructuración empresarial. Uno de los procesos que más la han afectado tras su creación es que hay unos recursos superiores a los $5.000 millones que hoy están en el tesoro nacional, pero le pertenecen a Sama, y aún no se ha encontrado la fórmula legal para devolver esos dineros.

La decisión de acogerse a la reestructuración llevó, además, a un proceso de invitación pública liderado por el promotor Luis Fernando Alvarado, de la Superintendencia de Sociedades, para que un privado operara las salinas. Mostraron interés más de 100 empresas, pero solo dos llegaron a la puja. Big Group Salinas Colombia (BGS), una estructura empresarial venezolana que había operado las salinas de Araya en el vecino país, se quedó con la operación. Según la compañía, para iniciar giró $3.000 millones destinados al pago de sueldos y prestaciones atrasados.

Cuando se creía que el camino estaba despejado y la normalización en la operación ya estaba dada, empezó una huelga de trabajadores que, según el líder sindical Jorge Dugand, exigía en su momento más de 70 puntos, que tenía entre los aspectos neurálgicos la prórroga de la estabilidad laboral acordada hasta diciembre de 2017 y que se garantice el pago de unos recursos superiores a los $4.500 millones que Sama quedó debiendo, antes de la llegada del operador, entre otros.

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