| 10/25/2012 4:20:00 PM

Palo desde el Polo

El dirigente del Polo Democrático Aurelio Suárez y el senador de ese mismo partido Jorge Enrique Robledo, se fueron lanza en ristre contra el proyecto de Reforma Tributaria y el pulso por la nivelación salarial de los jueces respectivamente.

Por un lado, Suárez asegura que en la medida que se conocen los detalles del proyecto de Reforma Tributaria, puede evidenciarse que su contenido va en contravía de la generación de empleo y el criterio de progresividad. Precisamente los dos elementos que, a juicio del Gobierno Nacional, constituyen la columna vertebral de la propuesta.

El argumento de Suárez para lanzar esa hipótesis se sustenta en un estudio de la Universidad Externado que, en relación con el planteamiento de eliminar el pago de parafiscales al ICBF y al Sena y del cargo patronal a la salud para trabajadores con menos de 10 salarios mínimos, sentenció lo siguiente: “la experiencia colombiana ha mostrado que las empresas usualmente aprovechan los incentivos tributarios que se les ofrecen, sin que esto (…) se vea reflejado en una significativa contratación de nuevos empleos formales”, concluye la Universidad.

Suárez, además, cuestiona el gravamen a los salarios mensuales de más de $2,3 millones y más aún cuando se compara con la rebaja del 33% al 25% en la tasa del impuesto de renta a las empresas. “Hay que notar que el 82% de las utilidades corporativas se van para las cien firmas más grandes -financieras como AVAL, mineras como BHP Billiton y de comunicaciones como la de Slim- y que, luego de sumar y restar, para 2013 se rebajarán sus tributos en $5,83 billones mientras los de las personas subirán en $4,69 billones”, remata el político.

Por su lado, el senador Jorge Enrique Robledo, lanzó duros dardos al proceso de nivelación de salarios de la rama judicial. Según él, es el colmo que el presidente Santos haya ofrecido nivelarle el salario a la Rama Judicial en un lapso que va hasta el año 2027. “Esto es un descaro, pues lo que exigen los jueces es que el gobierno cumpla una ley de 1992. Lo que Santos está ofreciendo es cumplir una obligación legal en 35 años. “Si la Ley 4ª de 1992 favoreciera a las trasnacionales, ¿diría lo mismo?”, asegura Robledo.

Así las cosas, en momentos en los que el Presidente Santos y los miembros del Polo están debatiendo los detalles de un estatuto de oposición, se vislumbra que el ojo crítico del (PDA) seguirá posado sobre cada uno de los movimientos del Gobierno Nacional.
                                                               

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