Encuentran muerto a segundo testigo en caso Ruta del Sol

Rafael Merchán, excónsul de Colombia en Londres, fue encontrado muerto en circunstancias que están por esclarecerse en su apartamento en Bogotá.

Merchán era testigo en las investigaciones que la Fiscalía General adelanta por el pago de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht en Colombia y según se conoció, estaba por declarar a favor del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Antes de Merchán, el también testigo del caso Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, fue encontrado muerto en su casa a las afueras de Bogotá supuestamente por infarto y, días después, falleció su hijo Alejandro Pizano por una intoxicación con cianuro.

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Con la muerte de Pizano, se conocieron denuncias y revelaciones que reabrieron el controvertido pasado de este proyecto se conocieron en una entrevista que Pizano –controller de la obra; es decir, una especie de supervisor que revisaba las operaciones de la concesión– le dio a Noticias Uno en agosto de este año y que solo sería pública si él fallecía o salía del país como testigo protegido.

Pizano demostró –de acuerdo con las grabaciones de conversaciones– que el hoy fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue informado y sabía de las irregularidades en algunos contratos sin soportes que halló el controller.

El noticiero publicó los audios de la conversación de 2015, cuando Martínez era abogado del Grupo Aval y una de las personas más cercanas a Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza de este poderoso conglomerado financiero, en los que Pizano le informa de las irregularidades encontradas en sus averiguaciones y la forma en que se habrían desviado recursos de la concesión para contratos que no se efectuaron.

Según el Fiscal, Pizano lo buscó en calidad de amigo y para aprovechar su cercanía con Sarmiento Angulo, para hacerle llegar esta información y que también supiera de la situación, porque en “la administración no le paraban bolas”.

Sin embargo, nuevos audios dan cuenta de que Martínez calificó los documentos como la conformación de algunos delitos, y la principal crítica de analistas y opositores es por qué no los denunció. Incluso, participó posteriormente en la elaboración de un acuerdo entre Odebrecht y Grupo Aval para que la firma brasileña devolviera recursos por $33.000 millones, pero no hubo denuncias ni se configuraron pleitos entre los socios por esos malos manejos.

A pesar de que Martínez Neira, en las grabaciones de 2015, asegura que entregará los documentos e informará a Sarmiento Angulo sobre estos hechos, el Grupo Aval en un comunicado reciente ha rechazado cualquier afirmación que pretenda señalar que conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos.

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Además, el concesionario el mismo año de los audios inició un tribunal de arbitramento contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el pago de unos sobrecostos, en torno de los cuales también hay dudas, tribunal que ha sido muy accidentado. Ya entró en su etapa final y su fallo definitivo puede conocerse en los próximos meses.

Cabe recordar que estos eventos llevaron al nombramiento de un fiscal ad hoc en el caso, dada la cercanía del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, tanto con Pizano y su familia como con el Grupo Aval, participante del concesionario que ganó la licitación de Ruta del Sol II, mediante Corficolombiana y Episol.

El segundo tramo de la Ruta del Sol es una concesión en la que participaban Odebrecht, con 62%; Grupo Aval –a través de Corficolombiana y Episol– con 33%, y el restante 5% del Grupo Solarte y es uno de los proyectos de mayor tamaño e inversión en el país, con un valor total de $3,2 billones (troncal más otrosí), con una extensión de 528 kilómetros y que hace parte del proyecto Ruta del Sol, que incluye 3 tramos.

A finales de 2016, la confesión del pago de coimas por parte de Odebrecht para quedarse con el proyecto y la aceptación del entonces viceministro de Transporte, Gabriel García, de haberlas recibido, generó un tsunami en el desarrollo de infraestructura en Colombia, paralizó los cierres financieros de los proyectos de Cuarta Generación (4G) y se iniciaron nuevas investigaciones, a cargo de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

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