La Procuraduría General advirtió que como parte de las investigaciones, ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Además los senadores y representantes contra quienes se abrió investigación podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea.

El procurador general, Fernando Carrillo, explicó que a los senadores Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Musa Abraham Besayle Fayad, les investigarán por acordar el pago de millonarias sumas de dinero al entonces abogado Luis Gustavo Moreno para detener sus correspondientes procesos en la Corte Suprema de Justicia.

Por la misma red de corrupción, la Procuraduría le abrió investigación al senador Hernán Francisco Andrade Serrano, pues presuntamente habría participado en la red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Luis Pinilla, para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia.

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Por su parte el senador Antonio Guerra de la Espriella será investigado pues se presume que recibió recursos de la brasilera Odebrecht para que ayudara en la adjudicación de proyectos a la constructora, entre ellos mayores recursos para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra que a su vez hace parte de la Ruta del Sol Sector II.

Guerra también será investigado por recibir recursos de Odebrecht para presionar en la suscripción de “la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera”.

Dentro del caso Odebrecht también serán investigadon el exsenador Plinio Olando Becerra y e representante a la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, quienes presuntamente habrían recursos de la misma constructora brasilera para la adjudicación en 2012 de varios proyectos como la Concesión Ruta del Sol Sector II, hoy en manos del Invías.

Por otro lado el procurador Carrillo anunció investigaciones a la senadora Yamina Pestana, quien habría utilizado recursos de la EPS Indígenas Manexka para financiar su campaña al Congreso de la República para el periodo 2014 – 2018. En este caso, las autoridades investigan si Pestana logró  más de $7.000 millones mediante recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías.

Por último, en el caso más reciente, la representante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, del Centro Democrático, será investigada tras las denuncias de uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de cobros para mantener el cargo y por presuntamente recibir recursos a cambio de ayudar a archivar un proyecto de ley sobre evaluaciones psicológicas a empleados de empresas de seguridad privada, mediante demoras en el trámite del mismo.

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