| 10/2/2018 11:34:00 AM

EPM versus Gobernación de Antioquia, así va el segundo round

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, señaló que había una “lista negra” de funcionarios que pasaron al polígrafo en medio de las investigaciones por Hidroituango y después destacó 8 errores estructurales en el proyecto. La empresa respondió.

En los últimos días se inició un nuevo enfrentamiento entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y la empresa a cargo del proyecto Hidroeléctrico Ituango, EPM.

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer lo sucedido a principios de este año cuando la creciente del río Cauca superó la presa e inundó poblaciones río abajo del proyecto, se adelantaron pruebas de polígrafo a varios empleados de la empresa y del proyecto.

Y aunque los resultados de dichas pruebas todavía no se conocen, el gobernador Pérez aseguró públicamente que había una “lista negra” de funcionarios que habían sido sometidos al polígrafo.

La afirmación provocó en las últimas horas una denuncia penal por injuria ante la Fiscalía, interpuesta por los representantes de EPM.

Pero las declaraciones del gobernador no pararon allí. De acuerdo con el funcionario, la construcción de Hidroituango tuvo 8 grandes errores que resultaron en el accidente ya conocido.

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Nuevamente, EPM le salió al paso a las declaraciones de Pérez para explicar punto por punto qué sucedió en la construcción de Hidroituango.

El primer error, según el gobernador, estuvo en las fallas de construcción de los túneles de desviación derecho e izquierdo.

Según la empresa, no se adjudicó el contrato de desviación y los retrasos en la construcción de las carreteras de acceso a los portales de desviación impactaron la ejecución de dicha parte del proyecto.

Y además de las “adversas” condiciones geológicas del lugar, EPM señaló que “el contrato de construcción de las obras de desviación del río Cauca se inició el 11 de agosto de 2011, con un plazo de 610 días, más 90 días que el Contratista de las obras principales requería para instalarse y acopiar equipos y materiales, para proceder a desviar el río”.

De este modo, la empresa señaló que “no era factible desviar en el primer verano de 2013, ni, de haberse querido asumir el riesgo, en el segundo verano de 2013” y de hecho ni siquiera estuvo lista la obra para hacer el desvío en el primer verano de 2014.

El segundo problema habría sido el fracaso en la construcción del túnel de aceleración o Galería Auxiliar de Desviación (GAD).

EPM respondió que los asesores del proyecto habían optado por la construcción únicamente de los dos túneles de desviación y cuando se hizo evidente la necesidad de construir un tercer túnel, iniciaron los estudios necesarios.

Así se contrató a la firma Intertechne de Brasil para la revisión de los procedimientos de desviación y para probarlos en el laboratorio hidráulico de la Cehpar, proveniente del mismo país.

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“Todo esto quedó confirmado con la realización de la migración del paso del río completamente solo por la GAD el 20 de marzo de 2018. Se ejecutó el taponamiento del túnel izquierdo (con dos pretapones y el tapón definitivo) y del túnel derecho (con dos pretapones, no se alcanzó a ejecutar el tapón definitivo), cumpliendo con lo programado y con ajuste a lo estimado por Intertechne y Cehpar”, aseguró el gerente general de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.

En tercer lugar estaría la ausencia de licencia ambiental para construir la mencionada GAD, aspecto que está en investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Según el gobernador de Antioquia, un cuarto error estaría en el revestimiento de la GAD. Pero de acuerdo con EPM, dicho túnel contaba incluso con las medidas necesarias para aguantar la evacuación de un caudal máximo de 17 metros por segundo mientras que en los hechos del 12 de abril se presentó una velocidad máxima de 12 metros por segundo.

También habría errores en el sellamiento de los dos túneles de desviación, según el gobernador Pérez.

EPM le respondió que en realidad “según el planeamiento de la obra, con la operación de un solo túnel se garantizaba el nivel de protección para inundaciones, con periodo de retorno de una vez en 500 años”, establecido para la protección de las comunidades río abajo.

Y en esa misma línea, el funcionario advirtió errores al destaponar los túneles cuando se presentó la emergencia.

Según la empresa, se estableció un procedimiento de respuesta rápida y que incluía el lleno prioritario de la presa de modo que esta llegara a la cota de 410 metros sobre el nivel del mar, suficientes para evacuar el excedente de agua por el vertedero.

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También se ordenó “abrir el túnel de desviación izquierdo y derecho, mediante la demolición de los pretapones y tapones en concreto que se habían construido para cerrarlos, cierre que se hizo conforme lo contemplado en la estrategia constructiva y en la fecha prevista en el cronograma”.

Sin embargo, los tapones no pudieron ser demolidos debido a las inundaciones que se presentaron en los túneles de desviación por las crecientes del 29 de abril y de los días 5, 9 y 12 de mayo.

Finalmente la empresa pudo demoler los pretapones y el tapón del túnel izquierdo, así como los pretapones del túnel derecho y según el gobernador, la fuerza de los explosivos habría afectado la estructura de la montaña, tesis que también fue refutada por la empresa privada.

Por último, el gobernador criticó la inundación a Puerto Valdivia como consecuencia del destaponamiento de los túneles, punto en el que EPM le recordó que el único tapón definitivo que fue demolido fue el izquierdo.

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