| 8/13/2014 10:45:00 AM

Estudian ‘muerte comercial’ para socios de Factor Group

La viabilidad de una decisión en ese sentido está siendo estudiada por la superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia.

Los responsables del mayor descalabro del mercado de factoring en Colombia, comprometidos en la defraudación de más de 1.500 inversionistas, podrían recibir en breve el máximo castigo previsto en la ley: una inhabilidad hasta por diez años para ejercer cualquier actividad comercial, que para la mayoría de ellos equivaldría a una especie de muerte civil.

La viabilidad de una decisión en ese sentido está siendo estudiada por la superintendente delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri, con base en una petición presentada por el abogado Carlos Sánchez Cortés, apoderado de varias de las víctimas.

La eventualidad de la sanción se cierne como una amenaza contra David Wigoda, su esposa Marcela Jaramillo y todos los socios y administradores de negocios de la compañía Factor Group, intervenida en octubre de 2011 por la Superintendencia Financiera y sometida a un plan desmonte por la Superintendencia de Sociedades.

Los dos organismos de vigilancia han encontrado que la empresa se vio comprometida en actividades de captación y recaudo de dinero sin mandato de sus clientes y que esa conductas, como lo señala Sánchez, fue el resultado de un abuso que ocasionó graves perjuicios económicos.

En el memorial que contiene su solicitud, Sánchez invoca, entre otras disposiciones, el artículo quinto de la Ley 1116 de 2006 que faculta al Juez del Concurso (condición que en este caso tiene la superintendente delegada) para decretar inhabilidades hasta por diez años, sanción que sólo podría ser disminuida cuando el deudor haya pagado la totalidad del pasivo externo calificado y graduado.

Entre las causales consagradas en el artículo 83 de la misma Ley se encuentran las de “constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores” y “llevar a la empresa mediante fraude al estado de crisis económica”, como parece haber ocurrido en el caso de Factor Group, según las apreciaciones de las autoridades competentes.

“En este sentido –concluye el abogado de las víctimas- es claro que para garantizar que este tipo de descalabros económicos no vuelvan a presentarse, es necesario, además de urgente, decretar la muerte comercial de los socios (…) Negar esta petición sería desconocer la naturaleza jurídica de las normas enunciadas, e implica una amenaza a la economía, al derecho y al Estado al no garantizar la principal herramienta para fortalecer el crecimiento y el desarrollo como pilares fundamentales de la Constitución Económica”.


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