Medio país no reporta planes de contingencia ante ola invernal

El ente de vigilancia advirtió que las empresas prestadoras y las alcaldías deben implementar sus planes de contingencia para prevenir daños en la infraestructura y así evitar la suspensión de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

La Superservicios estableció que las empresas prestadoras de 642 municipios del país no han reportado a la entidad sus planes de contingencia, en acueducto y alcantarillado, para hacerle frente a los fenómenos climáticos.

Según los cálculos realizados por el Departamento Nacional de Planeación -DNP -, se estima que el costo de los daños causados por el Fenómeno de la Niña entre 2010 y 2011, a los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo asciende a $676.000 millones.

De acuerdo con el resultado del seguimiento adelantado a los prestadores, sólo empresas que atienden en 433 municipios reportan planes de contingencia para prevenir o evitar emergencias por fenómenos naturales y asegurar el suministro de agua y el servicio de alcantarillado.

El mayor número de los prestadores que tienen planes de contingencia están ubicados, principalmente, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

Las temporadas invernales de 2011 afectaron a cerca de 900 municipios del país. Los municipios de Bolívar, Córdoba, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Caldas, Quindío y Risaralda, son identificados como las zonas donde se presentan más fenómenos naturales.

“Para prepararse para una nuevo ola invernal, es necesario culminar los procesos de ajuste a los planes de contingencia bajo las nuevas condiciones de variabilidad climática; identificar con mayor rigor la vulnerabilidad de la infraestructura que opera o administra, así como mejorar la eficacia en la respuesta frente a eventos de emergencia o calamidad, de tal manera que se mitiguen los impactos sobre la calidad y continuidad en la provisión de los servicios públicos domiciliarios”, dijo la Superservicios.

Los municipios que no cumplan con sus obligaciones podrían ser objeto de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación.