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Sólo en desplazamiento forzado, el conflicto colombiano deja más de cuatro millones de víctimas desde 1985.

Más de US$22.000 millones costará reparar víctimas en Colombia

El Estado colombiano deberá asignar más de US$22.000 millones en diez años para reparar a los millones de víctimas del conflicto armado interno, dijeron en Bogotá fuentes legislativas.

29 de agosto de 2010

La suma es el tope mínimo del costo de la reparación, según una iniciativa de ley sobre la materia consensuada entre el Gobierno y la bancada parlamentaria del Partido Liberal Colombiano (PLC).

El representante a la Cámara Guillermo Rivera dijo a la emisora de radio RCN que la indemnización estatal a víctimas valdrá de 40 billones a 50 billones de pesos (de 22.006 millones a 27.507 millones de dólares).

El monto del costo lo prevé el proyecto legal, dijo Rivera, portavoz del PLC en la Cámara baja que participó el sábado en una reunión de búsqueda de consenso de la bancada liberal con el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

En el encuentro, el ex candidato presidencial Vargas Lleras aceptó, en nombre del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, incluir en la ley de reparación también a las víctimas de agentes estatales.

Una iniciativa del mismo tipo fracasó el año pasado en el Congreso, por la oposición del Ejecutivo del ex gobernante Álvaro Uribe, correligionario de Santos, a que se integrara a ella el colectivo de población afectada por la acción de agentes del Estado.

Además de estos agentes, la norma tendrá alcance sobre las víctimas de los grupos guerrilleros y de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se disolvieron a mediados de 2006 tras desarmar a unos 31.000 ultraderechistas.

Los crímenes de los ahora ex paramilitares, que se cuentan por miles, son investigados por una jurisdicción creada en virtud de la ley de reinserción adoptada para las AUC.

Sólo en desplazamiento forzado, el conflicto colombiano deja más de cuatro millones de víctimas desde 1985, que es el año de partida de registros que lleva la Iglesia católica, primera organización en documentar el problema.

 

 

EFE