| 10/2/2011 10:00:00 AM

Más de 500.000 vehículos podrían quedar varados por falta de baterías

Dar cumplimiento la norma del Ministerio del Medio Ambiente, que obliga a partir de ahora a fabricantes e importadores de baterías a recoger el 40% de las unidades que vendan en el mercado, puede dejar ‘varados’ a más de 500.000 vehículos en el país y estimular el contrabando.

Así lo advirtió el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, quien señaló que es muy complicado hacerle seguimiento a 1,2 millones de baterías para automóviles y a 1 millón de baterías para motocicletas que se venden cada año en Colombia, a través de muchos canales de comercialización.

“Esta medida, que es bien intencionada, causará  que los fabricantes de baterías se concentren en los mercados internacionales. Y que deje de ser un negocio atractivo para los importadores. De esta manera se puede desabastecer el mercado colombiano y en un año, probablemente, más de 500.000 vehículos, incluidos los de servicio público, se pueden quedar varados por falta de batería”, reveló el dirigente gremial.

Según Zuloaga, este hecho generaría un mercado ‘negro’ que sería abastecido por el contrabando de baterías provenientes de los países vecinos, con un producto sin control de calidad y a precios mucho más elevados para los usuarios colombianos.

Por eso en carta enviada a la ministra del Medio Ambiente, Beatriz Uribe, el empresario le aclara que los fabricantes e importadores de baterías, afiliados a Asopartes, reconocen su responsabilidad ambiental y que están dispuestos a acoger la normatividad vigente. Sin embargo, le advierte que para la implementación y cumplimiento de las resoluciones (372 de 2009, y 361 de marzo de 2011), hay que aclarar varios aspectos.

Uno de ellos, es que no es clara la responsabilidad legal de los distribuidores, comercializadores y usuarios finales, quienes son actores fundamentales de la cadena, y por ende en la implementación de denominados ‘Planes de Gestión de Devolución de las Baterías Usadas en Colombia’.

Así mismo, que no se incluyen los mecanismos para la divulgación masiva de la norma que deberá promover la autoridad ambiental.

Y, finalmente, que tampoco se tuvo en cuenta que en el país existen redes que compran baterías para extraerles el plomo en fundidoras ilegales y sin ningún control ambiental, que luego exportan a varios países.

Para Zuloaga, esta situación dificulta el cumplimiento de las metas de recolección por parte de los fabricantes e importadores de baterías, tal como lo plantean la norma. 

“En ese contexto y de manera respetuosa les solicitamos nos concedan un espacio para concretar una mesa de trabajo conjunta, en la cual podamos analizar y profundizar lo expuesto, con miras a que se determinen los elementos que permitan el cumplimento de las normas en beneficio de nuestro ecosistema”, puntualiza Zuloaga en la carta enviada a la ministra Uribe.

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