En pañales

El estudio revela los avances en la implementación de la Convención Anti-soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y señala que las acciones del Gobierno son aún muy incipientes y presentan varios retos.

La Convención es un acuerdo entre 40 países exportadores para detener la práctica de sobornar a gobiernos extranjeros para, por ejemplo, ganar contratos, obtener licencias o evadir impuestos y legislación local. En Colombia, la Convención entró en vigencia en enero de 2013, y desde septiembre el Gobierno sigue una hoja de ruta para ingresar a la OCDE, organización que agrupa a las economías más avanzadas del mundo.

El informe llama la atención sobre vacíos en el marco jurídico colombiano para combatir el soborno transnacional. A pesar de que las penas de prisión establecidas en el Estatuto Anticorrupción son considerables (9 a 15 años no excarcelables), las sanciones financieras son muy bajas con relación el gran poder económico de empresas transnacionales y sus funcionarios.

Hoy la sanción para una persona natural puede estar entre $58’950.000 y $117.900.000 (100 - 200 SMLMV).

Por otro lado, se cuestiona legislación nacional porque no es específica en el procedimiento que se debe adelantar para que una persona jurídica pueda ser sancionada por soborno transnacional. Es decir, no se sabe cómo las compañías pueden ser vinculadas al proceso penal, ni han sido establecidas medidas de aseguramiento.

“Si bien las autoridades no reportan casos ni investigaciones de soborno extranjero en marcha, ni recién iniciados, ni concluidos, la falta de acceso a la información pública y estadísticas claras y completas sobre corrupción es un reto enorme”, afirma el estudio.

Agrega que aunque la Fiscalía General de la Nación publica trimestralmente informes, no se cuenta con un sistema abierto de información sobre investigaciones en las diferentes modalidades de corrupción.

A esa situación se suma la problemática de escasos fondos para investigación de casos de soborno extranjero en la Fiscalía y la Policía Nacional. Solo se asignan recursos cuando se ordena iniciar un proceso penal por decisión de la Fiscalía o cuando hay una acusación formal contra una persona jurídica o natural.

Recomendaciones

Para Transparencia por Colombia, se deben fortalecer las normas y priorizar actividades contra el soborno extranjero en las transacciones comerciales internacionales, especialmente en momentos en los que el Gobierno está fomentando la inversión extranjera y de capital colombiano en el exterior con nuevos tratados comerciales.

“Es prioritario que las unidades responsables de investigar casos de soborno transnacional, con el liderazgo de la Fiscalía, comiencen por recopilar, sistematizar y publicar la información. Sin información será difícil diseñar e implementar medidas para combatir este delito”, asegura Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia.