Los 5 riesgos de la reforma al Estado

El adelgazamiento del Estado era hasta ahora un propósito, casi obsesivo, en la orientación de las reformas emprendidas por los gobiernos después de la adopción de la Carta Política de 1991. El modelo aplicado hoy por Juan Manuel Santos parece no tener ese sesgo exclusivamente fiscalista, sino que quiere mostrar un rostro social y modernizar el aparato administrativo en sectores clave.

Sin embargo, la suya no es una empresa exenta de riesgos. Dinero consultó a varios expertos y preparó el mapa de aquellos que se ciernen alrededor de las reformas.

1. ¿Defensa sin dientes? La creación de una agencia de defensa judicial de la Nación es un avance por donde se le mire. Sin embargo, su diseño sugiere que será un órgano llamado exclusivamente a formular unas políticas públicas que servirán de referencia para las actuaciones de los abogados que hoy tienen a cargo la atención de procesos que buscan ganarle al fisco nacional cerca de $500 billones. No se advierte, de entrada, que la agencia vaya a contar con un equipo con armas y ‘dientes’ para hacerles frente a unas acciones judiciales cuyas pretensiones son en varios casos desmedidas. Tampoco queda claro si el equipo tendrá atribuciones para proponer, por ejemplo, la fijación de topes para las indemnizaciones que se cubren con cargo a los impuestos que pagan los ciudadanos.

2. Demandas laborales: apoyados en la consigna según la cual “El Estado siempre paga”, las reformas al Estado han sido históricamente fuente de demandas laborales. “La modernización del Estado”, como llamó César Gaviria su reforma, y los programas similares emprendidos por Pastrana y Uribe le han costado al Estado $850.000 millones por sentencias laborales ejecutoriadas, de acuerdo con estadísticas del Consejo de la Judicatura. No solo los recortes de nóminas han sido fuente de demandas, sino también las aparentes desmejoras laborales que se generan por los traslados de un servidor público de un organismo a otro recién creado. Hasta el momento no se conoce ningún estudio que muestre que el Gobierno haya calculado esos riesgos.

3. Traumatismos administrativos: la decisión de escindir nuevamente los ministerios del Interior y de Justicia y el de Protección Social en Salud y Trabajo podría generar trastornos administrativos derivados de la reasignación de competencias. Como el criterio para la asignación de plantas de personal parece haber sido la antigüedad y el nivel salarial, la especialización ha pasado a un segundo plano. Así, por ejemplo, la mayoría de expertos que manejaba programas tan exitosos como la creación de centros de conciliación y casas de justicia ha tenido que asumir ahora funciones distintas que no les resultan familiares.

4. El examen en la Corte: sindicatos oficiales e incluso universidades, que suelen aprovechar las reformas como escenarios de prácticas para sus alumnos, están preparando demandas contra los decretos legislativos recién expedidos. Ya han sido presentadas algunas que se refieren a un supuesto desbordamiento en el uso de facultades concedidas al Ejecutivo para el Congreso y sobre supuestos vicios de forma en el trámite de la ley de tales facultades. Sin embargo, por ahora no parece haber mayores dudas sobre la solidez constitucional de los decretos revisados por la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño, a cargo de una ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional.

5. Costos vs. Crisis: el Ministerio de Hacienda ha calculado, por ahora de manera tentativa, que los costos de aplicación de la reforma serán de $300.000 millones. A diferencia de las anteriores, donde la poda burocrática era norma de conducta, esta vez la creación de organismos como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social supone la incorporación de nuevos servidores públicos. Aparte de que no se conoce un programa adoptado por el Servicio Civil para proveer esos cargos por méritos, tampoco hay un plan de contingencia para enfrentar los efectos que el crecimiento burocrático tendría en caso de una crisis cíclica de la economía.