Estos son los principales riesgos de las 4G según Standard & Poor’s

Para la calificadora Standard & Poors los riesgos que tendrá el programa de construcción de infraestructura son la geografía nacional, retrasos por la compra de predios para la construcción o hallazgos arqueológicos en los mismos, diferencias entre los constructores y la Ani en la valoración de sobrecostos y la concentración de concesionarios.

Sin embargo, para S&P la fase de operaciones de las vías 4G cuando termine la construcción de las mismas “no debería ser difícil o constituir un riesgo mayor desde una perspectiva crediticia” pues consideran que la operación de una autopista con peaje es sencilla y su capacidad de pagar la obra realizada solo tendría el riesgo de volumen de tráfico, compensado en Colombia con la falta de infraestructura adecuada y alternativas de transporte.

La calificadora señaló que “las obras de construcción de la mayoría de los proyectos 4G en Colombia, que incluyen muchos puentes y túneles, se clasificarían como tareas pesadas de ingeniería o como tareas sencillas de ingeniería”.

Y agregó que la complejidad técnica de construir autopistas en el país es mayor debido a las condiciones geográficas y geológicas del mismo, así como las temporadas de lluvias que limitan el tiempo de ejecución de las obras.

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“Además, las incertidumbres sobre la dificultad de construcción podrían relacionarse con el tipo de suelo y otros factores como hallazgos arqueológicos, como es el caso de la Autopista Girardot - Honda - Puerto Salgar”, destacó S&P.

Otro riesgo es la concentración de concesionarios y la falta de experiencia en este tipo de proyectos que tienen las constructoras colombianas que conforman los mismos. Varios de los contratistas de las 4G tienen asignado más de un proyecto y la construcción simultánea de los mismos, de acuerdo con la calificadora, podría traerles problemas que llevaran a demoras adicionales en las entregas.

S&P  señaló que le preocupa “el alto número de concesionarios colombianos que desarrollan múltiples proyectos 4G de manera simultánea, dado que tendrán que proveer la contribución del capital semilla, lo cual podría restringir su flexibilidad financiera” pues los concesionarios colombianos, incluida una asociación con constructores internacionales, han ganado la licitación de 25 de las 30 concesiones ya asignadas y los internacionales son apenas cuatro.

Además, del financiamiento por US$4.600 millones ya cerrados para los proyectos 4G, menos de 40% lo aportaron los bancos internacionales y mercados de capitales, por su parte los bancos locales y fondos de deuda de infraestructura financian más del 50%, mientras que el restante 9% lo aportó la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).  

En tercer lugar la calificadora advirtió que los plazos de entrega de las obras son cortos si se tienen en cuenta las condiciones geográficas y geológicas de la construcción, las temporadas de lluvias y los posibles hallazgos antropológicos, que generarían retrasos y por esta vía el incumplimiento de los plazos establecidos.

En este punto la entidad señaló que “los retrasos en el otorgamiento de permisos (incluidas las licencias medioambientales) y las compras de terrenos típicamente representan los mayores cuellos de botella para cualquier proyecto de construcción”.

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Además, por el historial de construcción del país, a la calificadora le preocupa que la construcción de ciertas estructuras como túneles suele demorarse más de cinco años en Colombia, plazo máximo que tienen la mayoría de proyectos para su entrega.

Por último, Standard & Poors señaló que la asignación de reembolsos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a los concesionarios por sobrecostos superiores al 144% en predios que se deban comprar podría ser peligroso pues es posible que la Ani y los concesionarios no logren un acuerdo sobre dicho monto.

Sin embargo, resaltó como positivo que “la ley fortalece el programa 4G, el cual se diseñó con una fase de preconstrucción de 12 meses, dado que reduce el tiempo para obtener una licencia medioambiental de cinco años a seis meses. Además la ley permite que el Gobierno declare las tierras que se requieren para infraestructura como activos de interés público con el fin de reducir los tiempos para la adquisición de los derechos de vía”.  

Las soluciones

Standard & Poors también evaluó las medidas adoptadas por el Gobierno para mitigar los cuatro riesgos que encontró en las vías 4G y destacó que, por ejemplo, las reformas legales y el establecimiento de un marco institucional que incluye a una agencia estatal para supervisar la implementación del programa, así como las soluciones que provee la FDN, “han creado condiciones favorables para el desarrollo de estos proyectos”.

Además, la calificadora recomendó que se definan claramente los riesgos que tanto los concesionarios como el Gobierno asumen en la asignación de cada proyecto y que lo hagan “bajo la forma de estudios meticulosos e independientes de ingeniería y la clara asignación de riesgo de los contratos llave en mano así como el establecimiento de canales eficientes para abordar la oposición a los proyectos por parte de las comunidades locales”.

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