| 3/13/2019 12:03:00 AM

Por qué los gremios respaldan a Duque contra la JEP

No solo el gobierno tiene en la mira a la JEP. En un comunicado reciente, los Gremios de Producción del país respaldaron las objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP presentadas por el presidente Iván Duque.

El veto a la norma estructural de la justicia transicional se veía venir desde la campaña presidencial. En el discurso que dio el domingo pasado, el presidente explicó las críticas a esta ley que, en gran medida, se alinean con dos posiciones: la del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la del expresidente Álvaro Uribe.

Esta postura fue respaldada anoche por 19 de los más importantes gremios de la producción en Colombia además de la Federación Colombiana de Municipios, entre los que se encuentran la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Fedegán, Confecámaras, Asocaña y Fedepalma, entre otros. Esta mañana se sumaron a este pronunciamiento los representantes de Asocolflores, la Asociación Colombiana de Minería y Fenalcarbón. 

No obstante, el comunicado no sale a nombre del Consejo Gremial porque todas las decisiones de este grupo se toman de forma consensuada. Esto significa que si una sola persona no está de acuerdo y no firma el comunicado, éste no representa la posición de todo el gremio en conjunto. Hasta ahora, Colfecar, Andesco y Analdex no se han pronunciado al respecto de la posición del Gobierno Nacional.  

En el texto de la carta, los dirigentes gremiales dijeron que por tratarse de cuestiones importantes para el país consideran oportuno fijar su posición y argumentaron que “Colombia debe continuar avanzando con firmeza en la estrategia de recuperación del orden público, elemento central de la convivencia pacífica”. De acuerdo con el comunicado, este es uno de los propósitos que persigue el actual gobierno, el cual tiene en cuenta, entre otros elementos, el conjunto de normas adoptadas por el Congreso y homologadas por la Corte Constitucional en desarrollo de los acuerdos realizados por el pasado gobierno con las Farc.

Según Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, es evidente que hay un deterioro de la seguridad pública que actualmente se refleja en el índice de homicidios, que había bajado durante los últimos años. A esto se suma el incremento de las hectáreas de cultivos ilícitos, alrededor de los cuales se genera un círculo de violencia, además de los ataques recurrentes a la infraestructura petrolera realizados por grupos armados que entran y salen del territorio nacional en la zona de Catatumbo.

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“La situación de violencia es innegable. Por esto, hay que seguir avanzando en la recuperación plena del orden público. La desmovilización fue un avance, pero seguimos teniendo una situación de violencia exacerbada en ciertas áreas rurales del territorio nacional que exigen la atención de las autoridades y el fortalecimiento de la acción militar y judicial”, explica Botero.

Por otra parte, los gremios expresaron que es parte esencial de las reglas incorporadas al ordenamiento jurídico la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto para establecer las responsabilidades penales que correspondan, según sea el caso, por los crímenes que hayan sido cometidos con ocasión del conflicto que se declaró finalizado el 30 de noviembre de 2016. En este punto se sintonizan con la posición del Presidente y del Fiscal, ya que la primera objeción es contra el artículo 7 sobre la reparación de las víctimas. De acuerdo con ellos, esta norma no establece con precisión cómo, efectivamente, los victimarios van a reparar a las víctimas. Ni si deberán aportar al proceso de reparación sus bienes y activos para indemnizarlas.

Asimismo, los gremios expresaron que la jurisdicción se encuentra en pleno ejercicio de sus potestades y su funcionamiento no se ve interferido a pesar del anuncio de que se presentarán al Congreso algunas reformas encaminadas a corregir, según ellos, las deficiencias detectadas.

“El punto de partida de los gremios que suscriben este comunicado es que las propuestas del gobierno crean un mejor balance entre la JEP y la jurisdicción ordinaria. No podemos olvidar que el país también tiene una jurisdicción ordinaria en materia penal. Entonces, lo que está planteando el gobierno es una reestructuración del ámbito de competencias en algunos aspectos entre la JEP y la jurisdicción ordinaria”, agrega Botero.

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Las objeciones a la JEP deberán ser rechazadas o aceptadas por el Congreso después de los debates que se generen en el Senado y la Cámara de Representantes a partir de una comisión accidental. En caso de que el Senado acepte las objeciones y la Cámara las rechace, la ley estatutaria de la JEP se hundirá en el Congreso y terminará archivada en un cajón. Y esto sería como volver al punto cero: tendría que plantearse un nuevo proyecto para reglamentar el funcionamiento de la JEP, lo cual, a su vez, retrasaría una parte fundamental de la implementación de los acuerdos de paz.

Frente a este posible escenario, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dice que hay que esperar. “Duque objetó solo 6 artículos de los 159 de todo el proyecto. Esto significa que no se va a acabar la JEP y que la justicia transicional va a seguir adelante. En todo este panorama, en realidad no son muchos ajustes. Son pocos y muy necesarios”.

Y a su voz se suma la de los dirigentes gremiales que dicen que al expresar su respaldo a las iniciativas formuladas por el Presidente de la República, invitan a las autoridades involucradas en estos procesos, a los partidos políticos y a la ciudadanía a participar en los debates que la decisión presidencial suscita con ecuanimidad, prudencia y alto sentido de responsabilidad social. En este sentido, aseguran que harán seguimiento a todas las medidas adoptadas, las cuales, según el comunicado, tienen como propósito trabajar en la reparación integral a las víctimas y en la construcción del bienestar social para ´ garantizar la paz.

De esta misma forma lo expresó Gilberto Toro Giraldo, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. A través de una carta, esta federación apoyó la decisión del presidente de objetar los artículos de la JEP debido a que la violencia se ha vivido principalmente en los municipios más apartados del país, y a que muchos de los alcaldes han sido también víctimas del conflicto.

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“Los mandatarios locales han sido testigos no solo del dolor que los alzados en armas han causado en nuestro territorio, sino de la pobreza y el atraso que los grupos violentos han arrastrado tras de sí. Incluso, han sido víctimas en carne propia, tanto padeciendo las presiones de quienes ilegítimamente empuñan las armas, como entregando su vida o arriesgando la de su familia en defensa de la democracia local”, dice en la carta enviada al presidente.

Toro recordó que Fedemunicipios siempre ha apoyado el proceso de paz. Sin embargo, cree que este no debe ser una camisa de fuerza que no acepte revisiones. Hay puntos que merecen un debate profundo. Según él, aún existen muchos vacíos y temas sin aclarar, como el abuso de menores y la reparación a las víctimas. Por esto esperan que el debate le dé un papel protagónico a las víctimas y que las objeciones presentadas por el Gobierno no sean un retroceso, sino que por el contrario, constituyan un instrumento que permitirá la verdad, la justicia y la reparación.

Por último, tanto Botero como Montenegro defendieron su posición y expresaron que es normal que los gremios y otros estamentos de la vida nacional se pronuncien a favor o en contra de las determinaciones que toman las autoridades como un ejercicio común de cualquier país con un régimen democrático. En este caso, decidieron suscribirse a estas objeciones pues consideran que hay aspectos de la ley estatutaria de la JEP que podrían ser mejorados y que esta es la intención del gobierno cuando anuncia, por un lado, las objeciones y, por otro, una reforma constitucional para hacer algunos ajustes en medio de unas circunstancias políticas nacionales diferentes a las que habían cuando el acuerdo fue firmado en el gobierno anterior.

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