Lo que piden los pequeños transportadores

De acuerdo con un pequeño grupo de transportadores instalado al frente del Palacio Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, el paro en el transporte público en esta ciudad continuará.

En una pequeña reunión improvisada manifestaron quejas que recogió Dinero.com. Hay unas sensatas, otras desinformadas, otras en las que abiertamente piden que se violen las normas en su provecho. Lo más interesante parece ser que son bien distintas a las que están discutiendo sus representantes, a pocos metros, dentro de la Alcaldía.

Por qué no levantar el paro
La primera razón que exponen para persistir en la suspensión del servicio, es que consideran que el Sistema Integrado de Transporte Público, Sitp está mal estructurado. “Este sistema es un fracaso”, comentó uno de ellos.

Argumentan, como lo han hecho los representantes del gremio de pequeños transportadores Apetrans, que los precios que se establecen en la licitación para comprar los buses a las personas que quieran participar en el sistema, no guardan relación con los precios del mercado.

“Por un bus del 2005 me van a pagar $750.000 mensualmente. En la financiera tengo que pagar $2’500.000 cada mes. No voy a aguantar hambre”, dijo uno de los transportadores. “Del colectivo depende mi familia, el mecánico y el del montallantas”, añadió, para resaltar el hecho de que otras personas podrían salir lesionadas con la medida de Sitp al quedar sin empleo.

La segunda, está en que dicen tener dificultades con la velocidad con la que se arreglan los problemas para sacar las licencias de conducción. Uno de los transportadores refiere un caso. “La Administración aseguró que en los Supercades se podrían solucionar los problemas de las licencias inmediatamente. Me puse al día con la Secretaría de Movilidad y fui a renovar mi licencia. Entregué los papeles y me dijeron que me la entregarían en 20 días”, aseguró.

Otra razón, menos interesante para la sociedad, está en que reclaman una modificación al sistema como se hacen acuerdos para pagar los comparendos. Argumentan que existe una ley según la cual, pasados tres años, los comparendos no pagados prescriben. Se quejan de que la norma no se cumple y que les siguen cobrando los comparendos impagados.

Además, están molestos por lo que dicen, es una decisión arbitraria de la Alcaldía. Sostienen que las normas actuales les permiten pagar sus deudas con plazos de hasta 60 meses sin fiador. No obstante, la Administración les exige que tengan fiador para financiarlos a más de un año. “¿Pero quién nos va a avalar? Nosotros somos transportadores”, dijo otro más de los choferes de la improvisada reunión frente a la Alcaldía.

Finalmente, alguno mencionó otro asunto, que muestra que existen argumentos inadmisibles en algunas de estas discusiones. “Tenemos un problema con los policías. Se esconden detrás de un árbol y paran los buses cuando van dos o tres personas de pie. Y los parten”, dijo visiblemente molesto.

Esta colección de quejas ayuda a perfilar un diagnóstico distinto sobre lo que quieren los pequeños empresarios y aunque no se lo propongan, de lo que necesitan.