Ley de Financiamiento le dice adiós al IVA de tarifa única

Después de tres semanas de reuniones diarias, debates y polémica, los ponentes de la Ley de Financiamiento y el Ministerio de Hacienda acordaron presentar una ponencia para votación de las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes en la que se elimina la propuesta de eliminar las listas de exentos y tarifa 5% del IVA.

Es decir que la propuesta del Gobierno de dejar una única tarifa del IVA para el 80% de la canasta básica familiar, de la cual el 53% ya está gravada al 19%, ya no se discutirá en el Congreso por lo menos hasta que se presente otra reforma tributaria.

Este jueves los ponentes volverán al Ministerio de Hacienda para definir con el Gobierno si el recaudo que deben compensar con otras medidas por haber eliminado uno de los pilares de la Ley de Financiamiento presentada es de entre $6 billones y $10 billones.

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De acuerdo con el representante a la Cámara Richard Aguilar, para compensar el ingreso adicional que necesita el Gobierno, se pueden incluir medidas como la reducción en la tarifa de las sanciones por extemporaneidad en la declaración de la renta, de modo que los colombianos morosos finalmente cumplan con su obligación tributaria.

Otras propuestas que hay sobre la mesa son, por ejemplo, incluir los servicios dentro de la declaración de renta de personas naturales, de modo que se cumpla con el objetivo de gravar más a este grupo que a las personas jurídicas y elevar el ingreso tributario para el Estado.

Aguilar agregó que se calcula que el recaudo adicional que debía alcanzar la Ley de Financiamiento, que era de $14 billones, no se alcanzará por lo que al Gobierno le tocará anunciar más adelante un recorte del Presupuesto General de la Nación para 2019 o un aplazamiento del mismo que le permita cumplir con las metas fiscales.

Qué signfican tener 4 listas diferentes en el IVA

De este modo, Colombia mantendrá por los próximos años sus cuatro listas de bienes y servicios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA): los excluidos, los exentos, la tarifa de 5% y la tarifa de 19%.

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En la lista de los excluidos están, por ejemplo, los servicios y bienes asociados a la salud y a la educación. Estos no generan un IVA que se pueda cobrar a los consumidores, pero sus productores tampoco pueden pedir la devolución de dicho impuesto aunque lo hayan pagado en alguna parte de la cadena de producción.

Los bienes y servicios exentos, o de tarifa 0%, no le causan un impuesto adicional a los consumidores finales. Pero los productores de estos bienes o quienes ofrecen los servicios de esta lista, pueden pedirle a la Dian la devolución por el IVA que pagaron durante la producción de los mismos.

En la tarifa del 5% está una larga lista de bienes y servicios que también se consideran de consumo básico de los hogares. La tarifa está diseñada para lograr algún recaudo ya que todos los deciles consumen algo de esta lista, pero al mismo tiempo intenta proteger el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.

La lista de la tarifa general, que hoy es de 19%. Tiene otros subgrupos: el monofásico, como las gaseosas, que cobra el impuesto a los productores pero no a los consumidores y el polifásico, que cobra el IVA también a los compradores finales. Allí está el 53% de la canasta básica familiar.

Los cálculos de la Dian señalan que la diferenciación entre estos cuatro grupos y la posibilidad que tienen los productores de pedir el descuento del IVA con tarifa general por la producción de los bienes incluidos en dicha lista, además de los exentos y los de tarifa de 5%, tiene un costo anual de $67 billones, equivalente a la mitad de la meta del recaudo para 2018.

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Además, dada la proporción de ingresos disponibles en los hogares de menos ingresos frente a los de mayores ingresos, la cantidad, la frecuencia y el tipo de productos que se consumen, el subsidio implícito de la tarifa de 5% y la lista de exenciones de este impuesto terminan por beneficiar más a los hogares de más ingresos, aumentando la desigualdad del ingreso en el país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) calcula dicha desigualdad con una proporción de 5 a 1. Es decir, por cada peso que los hogares pobres reciben de subsidio implícito por las diferenciaciones en el IVA, los hogares más ricos reciben $5.

El cálculo de la Dian para ese mismo fenómeno señala que por cada $100 destinados a subsidiar los 14 puntos porcentuales de diferencia entre el 5% con el que se grava un bien y la tarifa de 19% a la que finalmente su productor pedirá la devolución ante la entidad, se destinan $7 pesos para los deciles más pobres y $22 terminan en los bolsillos de los más ricos.

Sin ampliación de la tarifa general del IVA, tampoco habrá compensación bimestral para los hogares de menores ingresos por dicho impuesto.

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